"Cuantos más seamos, más legitimidad tendremos". El sector inmobiliario pasa a la ofensiva ante el Gobierno. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ya se moviliza con vistas al reclamo de una responsabilidad patrimonial contra el Estado por el límite del 2% a las actualizaciones de contratos de alquiler residencial.
A Asval están asociados miles de propietarios, un 5% de ellos, grandes tenedores de vivienda en España del tipo de fondos de inversión internacionales como Blackstone -el mayor casero en territorio español- o Cerberus. La asociación se ha fijado el próximo 15 de diciembre para recopilar reclamaciones de propietarios de distinto tamaño y “canalizar” las solicitudes “de forma agrupada”. Tras ello, se presentaría una reclamación conjunta al Gobierno, para la que Asval prestaría asesoramiento jurídico -la asociación, como tal, no puede reclamar nada ya que no es propietaria en sí de ninguna vivienda-.
La iniciativa apunta a que los caseros puedan reclamar la diferencia entre el 2% extra que han podido repercutir sobre los nuevos contratos tras el tope decretado en Consejo de Ministros a finales de marzo, y el alza que habrían podido aplicar conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo, como permite la Ley de Arrendamientos Urbanos, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre de 2022. Desde abril, la inflación interanual promedio ha sido del 9,2%.
Un frente de 1.500 millones
De acuerdo a los asesores jurídicos de Asval, la reclamación podría tener éxito pero siempre sobre la base de lo que ya ha acontecido, esto es, sobre las pérdidas ya consumadas. La tramitación de los reclamos respecto a 2023 -año al que se extenderá el tope- se haría a posteriori.
Atendiendo a estimaciones del mercado, los propietarios podrían reclamar alrededor de 1.500 millones de euros en compensaciones solo para el período abril-diciembre -el total podría acabar siendo superior al doble si se tiene en cuenta que el límite se extenderá hasta el cierre de 2023-.
El tope del 2% habría bajado la rentabilidad de un casero promedio a la mitad al cabo de 2022, según una estimación general para el mercado español del BBVA
La cifra de compensaciones podría acabar viéndose afectada al alza o a la baja en función de cómo se cierre la inflación de este año, y del alcance que haya tenido en el mercado la práctica de la sustitución de las prórrogas por nuevos contratos por parte de los caseros para, precisamente, sortear el decreto gubernamental.
El tope del 2% habría bajado la rentabilidad de un casero promedio a la mitad al cabo de 2022, según una estimación general para el mercado español del banco BBVA. Desde el portal Idealista han estimado que los caseros habrían perdido alrededor de 560 millones de euros solo entre abril y junio.
En la visión del despacho asesor de Asval, TKL Abogados, el límite del 2% a las actualizaciones de contrato ha generado un perjuicio patrimonial a los propietarios toda vez que "no se les ha ofrecido ningún tipo de compensaciones" pese a verse "perjudicados" por la suspensión de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Desde el sector de los fondos se incide en la propuesta, sin respuesta positiva, que se ha hecho al Gobierno para la cesión de 30.000 pisos de grandes propietarios al Estado
En esa línea, desde Asval trasladarán un formulario a los distintos caseros que lo deseen, tanto miembros como no miembros de la asociación. En la óptica de la asociación de propietarios, cuantos más caseros trasladen su cálculo de reclamos, más "legitimidad" y posibilidades de prosperar tendrá la reclamación patrimonial. En este sentido, desde el sector de los fondos se incide en la propuesta, sin respuesta positiva, que se ha hecho al Gobierno para la cesión de 30.000 pisos de grandes propietarios al Estado con un descuento del 20% sobre los precios de los alquileres.
Asval busca el apoyo de 1,5 millones de caseros
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en España hay unos 3,5 millones de contratos de alquiler firmados, si bien la reclamación que canalizará Asval alcanzará potencialmente al 75% del parque propietario, esto es, a 2,63 millones de alquileres. Según cifras de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, en España hay unos dos millones de caseros.
Por su parte, el Ejecutivo ha alegado la situación excepcional "nacional e internacional" que ha disparado la inflación para justificar el tope del 2% sobre las actualizaciones de contrato, amparándose en el otro indicador contemplado por la LAU -el Índice de Garantía de Competitividad, que a efectos prácticos nunca puede superar el 2%-. El Gobierno ha obrado por la vía de un decreto que comenzó en abril para un período de tres meses, y se acabaría extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2023.
El decreto hace una distinción entre pequeños y grandes propietarios toda vez que permite a los primeros subir el alquiler más allá del 2% en el caso de que el inquilino lo acepte -no así a los grandes, que llevan tiempo denunciando una "discriminación"
El decreto hace una distinción entre pequeños y grandes propietarios toda vez que permite a los primeros subir el alquiler más allá del 2% en el caso de que el inquilino lo acepte -no así a los grandes, que llevan tiempo denunciando una "discriminación". En cualquier caso, la decisión final siempre ha de ser del inquilino.
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