España está a la altura de Rusia y Venezuela en el impago de arbitrajes. Las empresas y fondos de inversión afectados por el recorte a las primas de las renovables de 2013 han incrementado este año la presión para cobrar su deuda diez años después. La pasada semana volvieron a mover ficha. Según informan fuentes conocedoras a Vozpópuli, una comitiva de asesores y servicios legales de estos afectados aterrizó en Madrid para reunirse con políticos españoles de diferentes formaciones para desatascar su deuda.
Estos fondos demandan ya 1.208 millones a España y esperan que esta deuda aumente en las próximas semanas hasta los 2.000 millones de euros. La visita es la tercera de estos ‘cobradores del frac’ a la capital española y se espera que se produzca una cuarta antes de las elecciones. El debate electoral es un momento perfecto para introducir conceptos como ‘seguridad jurídica’ para inversores, ‘estado de derecho’ o ‘imperio de la ley’ entre los partidos que aspiran a ocupar la Moncloa a partir del próximo 23 de julio.
Los fondos y empresas afectados por el hachazo que dio el Gobierno de Mariano Rajoy al marco retributivo que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como BayWa, Antin o Infracapital, han generado 22 procedimientos en contra por los que ya no cabe recurso.
Unas sentencias que llevan el sello del CIADI, el tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial. España suma a su deuda 250 millones por sobrecostes legales y financieros de estos arbitrajes. Unos sobrecostes que los propios fondos destacan que son el resultado de la estrategia jurídica del Gobierno español en la última década consistente en no pagar sus deudas.
Las empresas y fondos insisten en sus reuniones con la clase política que, pese a que se trate de un asunto “muy técnico” y que parece estar “alejado del ciudadano de a pie”, es un argumento válido para el explicar casos como lo vivido con Ferrovial o el vacío de las últimas subastas de renovables.
Para ellos es un impulso que el propio Banco Mundial se haya puesto en contacto con el Gobierno de España para pedir que acate las sentencias, cumpla con sus obligaciones y acabe con la grave situación de inseguridad jurídica que está generando.
Los fondos no tienen candidato
Las firmas de inversión llegaron a Madrid sin un socio claro dentro de la clase política española. Los gobiernos tanto del PP como del PSOE se ven como “poco partidarios” de cumplir con estas sentencias firmes. No obstante, ven un cambio de actitud en el último año.
Los partidos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) han mencionado esta crisis internacional en el Congreso. En el Gobierno hay diferentes sensibilidades con este asunto. La ministra Teresa Ribera, una de las carteras que han peleado en estos cinco años con este asunto, es partidaria de agarrarse a la defensa que le da el derecho europeo para no pagar “ni un sólo euro” por estos arbitrajes. Otras corrientes internas, como la ministra Nadia Calviño, son partidarias de acercar posturas para frenar esta crisis reputacional.
El ruido mediático también ha aumentado cuando los fondos ha logrado 'luz verde' para la intervención, incautación o embargos en países como Reino Unido o Australia. Como informaba este medio, estas firmas internacionales y sus asesores legales manejan una lista de 2.000 activos que tiene el Reino de España localizados en extranjero por un valor cercano a los 3.000 millones de euros.
Las sedes del Instituto Cervantes y de l'Agència per a la Competitivitat de L'Empresa en Londres, los activos de Navantia en Australia o la deuda pendiente que tiene la aseguradora del Prestige con España tras la tragedia medioambiental de 2002 son alguno de los nombres que aparecen en esta larga lista.
Lejos del acuerdo
Esta comitiva considera que ahora es el momento de lograr zanjar esta crisis. Una vía donde, fundamentalmente, el Gobierno español y la Abogacía del Estado negocien zanjar estos procesos en virtud del derecho internacional. Pero, insisten, el Reino de España se ha negado a participar en esas discusiones.
Los fondos hablan de “cantidades importantes" para ellos y “escasas” para la economía española, ya que apenas supone un 0,2% del PIB para España. Un impago que, por otro lado, provoca un daño institucional del país.
El actual Gobierno ofreció hace cuatro años a estas empresas mantener intacta su retribución del 7,39% hasta 2031, siempre y cuando renunciasen a iniciar acciones legales contra el Estado. Y en el caso de tener ya algún procedimiento en marcha, retirarlo. También se acordó rebajar ligeramente la tasa de rentabilidad razonable de las renovables (desde el 7,39% hasta el 7,09%) en los próximos seis años.
70 millones en abogados
Este acercamiento no funcionó. Y todo ha ido por la vía arbitral. Las empresas atacan en procedimientos internacionales, mientras que el Gobierno de España se ha personado en los mismos con un gasto de más de 70 millones de euros en la contratación de despachos internacionales con los que ha intentado defender su postura.
Ahora que esos procesos han concluido. El CIADI ha reconocido una serie de indemnizaciones y los afectados entienden que, lo normal y procedente, es que España actúe “como cualquier otra democracia avanzada”.
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