El Gobierno busca una empresa dedicada a las tecnologías de la información (TI) para reforzar el control sobre las aseguradoras y gestoras de fondos de pensiones privados. Para ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado una nueva licitación por un valor estimado de 5,4 millones de euros.
Este contrato llega en medio de los ataques del Ejecutivo a los planes de pensiones privados, que llevan tiempo en el punto de mira del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, en el marco de la importante reforma que está negociando con los agentes sociales.
De momento, el Gobierno reducirá la ventaja fiscal de estos productos de ahorro individuales. A partir del próximo año 2022, los españoles sólo podrán deducirse en el IRPF hasta un máximo de 1.500 euros anuales de las aportaciones realizadas (frente a los 2.000 actuales). Este año ya se había bajada ese límite de 8.000 euros a 2.000 euros.
Por contra, pretende crear un fondo de pensiones público (con gestión privada y aún en fase de definición) e impulsar los fondos de pensiones de empresas, para los que ha aumentado la cantidad máxima de las contribuciones desde los 8.000 euros a los 8.500 en 2022. Además, en estos últimos se permitirá a los empleados, a título individual, aportar hasta la mitad de la cuantía para completar su jubilación.
Desarrollo de sistemas de control
En este contexto, el equipo de Nadia Calviño ha lanzado hace unos días un nuevo concurso para el "desarrollo y gestión de los sistemas de información que soportan las actividades de las funciones de análisis de la situación de solvencia, financiera y control de la actividad de los supervisados que desempeña la DGSFP".
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se encarga de controlar los requisitos para autorizar planes y fondos de pensiones, y, posteriormente, supervisar la actividad y solvencia de estas empresas, con la imposición de multas en caso de irregularidades. Además, realiza estudios sobre el sector.
En este sentido, el trabajo los adjudicatarios del contrato, que se iniciará en abril de 2022 y tendrá una duración de dos años, se divide en dos lotes: el desarrollo de sistemas para la captura y procesado de la información reportada por los supervisados (las entidades aseguradoras y gestoras de fondos de pensiones), y el desarrollo de los sistemas que soportan el análisis de su solvencia financiera y su actividad.
Escrivá ha cargado en varios ocasiones contra los planes de pensiones individuales, calificándolos como "regresivos" y "caros", además de considerar que no cumplen con su principal objetivo, que es incentivar el ahorro. El ministro también ha criticado que tengan una "escasa participación entre los jóvenes".
Por contra, la Asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones (Inverco) ha advertido que "todo lo que sea restringir las capacidades operativas de acceso a un producto financiero tendrá consecuencias". La patronal de las aseguradoras (Unespa) también ha mostrado su desacuerdo con los cambios fiscales y asegura que el Gobierno "no va a conseguir los efectos deseados".
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