Fuentes del sector de los fondos de inversión inmobiliaria aseguran a Vozpópuli que consideran sensata la posición del PSOE en la negociación para ampliar la suspensión de los desahucios mientras dure el actual estado de alarma.
Aún así, aseguran que se sienten en condiciones de reclamar y ganar demandas de reclamación patrimonial en cuanto acabe el estado de alarma y/o la situación de excepcionalidad por la pandemia más allá del derecho al acceso a una vivienda.
"La suspensión de los desahucios hasta ahora fue lógica, el problema es que no sabemos cuanto tiempo más podremos aguantar", dicen desde uno de los principales fondos de inversión inmobiliaria de España.
Varios de estos fondos internacionales se encuentran además con la necesidad de culminar sus procesos de rotación de activos, algo que se ve perjudicado por la inseguridad jurídica. Desde otro de los principales, sí con vocación de permanencia, apuntan igualmente que ya registran "insostenibles" niveles de morosidad del 10%.
Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler en la que están representados fondos como Blackstone y Ares (este último ha invertido recientemente en vivienda nueva 'barata' para alquiler), ha avisado de que el 10% de las familias en España tiene problemas para pagar el alquiler. Así, han reclamado que 700 millones de los fondos europeos se destinen a subsidios a los caseros de manera que las familias en vulnerabilidad pasen de destinar el 48% de sus ingresos al alquiler al 30%.
Fuera de la alarma, riesgo elevado
Fuentes del mundo de la asesoría legal a estos grandes tenedores avanzan que los fondos ya se han empezado a mover para presentar demandas contra el Estado en aquellos casos donde la vulneración del derecho a la propiedad privada de los inversores con contratos en vigor no esté justificada por la situación de excepcionalidad.
"Ya hay dudas sobre la suspensión de los desahucios durante el estado de alarma, y una vez finalice, los inversores tendrán las de ganar, porque podrán reclamar casi con total seguridad lo que consideren oportuno más intereses de demora", advierten fuentes jurídicas que piden guardar el anonimato.
"Si hay tratado de protección de inversiones, el Estado tendría las de perder en un Tribunal internacional. Dentro de España, no obstante, la cosa no está clara pero la excepcionalidad sería difícil de justificar".
Es precisamente la intención del PSOE de buscar la manera de compensar a los grandes tenedores (con el 5% de las viviendas alquiladas en España) para que no puedan alegar expropiaciones ante jueces nacionales y/o internacionales la que dilata el acuerdo con Unidas Podemos.
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