La esperada batalla legal por el rescate de las concesiones de autopistas de peaje en quiebra comienza antes de lo previsto, incluso antes de que el Gobierno anuncie la cantidad con la que asumirá el coste del rescate. Una de las sociedades concesionarias involucradas en el proceso ha llevado al Ejecutivo ante los tribunales al recurrir ante el Tribunal Supremo el acuerdo por el que el consejo de ministros aprobó la metodología para calcular el citado coste, la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA).
En concreto, el recurso contra la decisión del Gobierno ha sido presentado por Autopista Madrid Levante Concesionaria Española, adjudicataria en su día de la AP-36 (Ocaña-La Roda), una de las ocho autopistas de peaje de nueva generación que acabó en situación de quiebra. Actualmente en proceso de liquidación, como el resto de sociedades que han revertido la concesión al Estado, sus designios están en manos de la administración concursal pero, sobre todo, de los acreedores, en su mayoría fondos oportunistas que en su día adquirieron la deuda a entidades financieras con voluminosos descuentos.
Precisamente, son los acreedores los principales destinatarios de la RPA, con los que el anterior Gobierno no fue capaz de llegar a un acuerdo y los que preparan una dura batalla legal contra el Estado, toda vez que sus estimaciones del valor de la compensación están muy alejadas de las que han manejado los últimos gobiernos. Sin embargo, ni siquiera han esperado a que el Ministerio de Fomento calcule la RPA para dar el pistoletazo de salida a un proceso que se presume largo.
La metodología para el cálculo de la RPA establece, en virtud de lo que contemplan los diferentes contratos de concesión, una compensación máxima de 3.300 millones de euros. De esta cantidad, el Gobierno deducirá el coste de reposición, es decir, las inversiones que estima que las concesionarias dejaron de hacer en su día y que han hecho que las autopistas no hayan sido entregadas en las óptimas condiciones que requieren los contratos (una cifra que se aproxima a los 400 millones de euros, según el informe realizado en su día por Ineco).
Los adminstradores concursales actúan
El sistema de cálculo aprobado por el Gobierno también contempla descontar el coste de las expropiaciones que fueron asumidas por la Administración y que aún no han sido amortizadas. En total, la RPA podría quedarse en el entorno de los 2.000 millones de euros, muy por debajo de los más de 4.000 millones que reclaman los acreedores.
El método acordado por el Consejo de Ministros no favorece precisamente los intereses de los acreedores de las radiales, que no han dudado en empezar a desarrollar su estrategia a la hora de obtener la máxima compensación posible por el proceso del rescate. Todo apunta a que en los próximos días llegarán nuevos recursos contra el acuerdo del Gobierno para aprobar el método de cálculo de la RPA.
Uno de los cometidos de la administración concursal es la defensa de los intereses de los acreedores. De este modo, si éstos entienden que la forma de calcular la RPA les perjudica y los administradores no actúan, podrían tomar medidas legales contra ellos.
La RPA, a finales de año
Tras intentar sin éxito llegar a un acuerdo con los acreedores de las concesionarias, el Gobierno del Partido Popular asumió públicamente que el proceso de rescate de las concesiones se vería envuelto en reclamaciones judiciales.
El documento aprobado por el consejo de ministros a finales de abril (en su último encuentro antes de las elecciones generales) para establecer el método de cálculo de la RPA y publicado por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, establece que la Administración dispone de un plazo de seis meses para determinar el valor de la indemnización en cada caso.
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