Alemania ha solicitado a la Comisión Europea ampliar los plazos para ejecutar dos convocatorias de su Plan de Recuperación, asociado a los fondos europeos Next Generation EU. Esto allana el camino a España en su objetivo de ganar tiempo para gastar el dinero en inversiones (los 77.200 millones que le corresponden en forma de subvenciones, es decir, a fondo perdido), que según el reglamento debe estar asignado o comprometido a más tardar el 31 de diciembre de 2023 y ejecutado antes del 31 de diciembre de 2026.
Alemania, que tiene derecho a 28.000 millones de euros en forma de subvenciones de los que de momento solo ha recibido un anticipo de 2.250 millones, presentó el viernes a Bruselas una adenda para modificar su Plan. En ella, el gobierno de Olaf Scholz ha solicitado cambiar dos de sus medidas con cargo a estos fondos UE. La primera es una de apoyo a las inversiones en la digitalización del ferrocarril. Alemania pide ahora posponer la fecha de finalización prevista de uno de los siete proyectos que la componen por los retrasos excepcionales en la construcción, como consecuencia de la guerra en Ucrania.
La segunda es un programa especial para acelerar la investigación y el desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2. Alemania ha presentado una enmienda para que se tenga en cuenta el hecho de que uno de cada tres participantes en el programa tuvo éxito tanto en la investigación como en el despliegue de la vacuna, mientras que los otros dos participantes no presentaron una solicitud de aprobación a la Agencia Europea de Medicamentos, lo que se tradujo en una menor salida total de fondos en el marco del programa.
Ahora la Comisión debe evaluarlo y decidir si da su visto bueno. De momento, y a propósito de la solicitud de Alemania, Bruselas recuerda que "en virtud del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un Estado miembro puede solicitar una revisión de su plan en casos limitados y bien definidos, incluso cuando circunstancias objetivas hagan que determinados hitos u objetivos ya no sean alcanzables".
El Gobierno presiona
De momento, en los dos primeros años de ejecución del Plan de Recuperación, España ha recibido 31.000 millones desde Bruselas en forma de subvenciones pero se desconoce cuánto ha llegado realmente a la economía y las empresas, pues el Gobierno dejó de proporcionar la información de ejecución en términos de Contabilidad Nacional en agosto de 2021. La sensación general es que la ejecución de estos fondos está siendo lenta y será necesaria una flexibilización de plazos por parte de Bruselas.
El pasado 10 de noviembre, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, deslizó públicamente que la Comisión debería aprobar una ampliación de plazos para la ejecución de fondos como también piden otros países como Portugal, especialmente en el caso de las nuevas inversiones que se incluirán en la adenda al Plan de Recuperación que ahora el Gobierno está preparando para solicitar más fondos (84.000 millones en forma de préstamos blandos y 2.600 millones para ejecutar el programa RepowerEU). En esta adenda también podría solicitar la ampliación de plazos de inversiones presentes en el Plan actual.
Las fuentes consultadas por este periódico confirman el papel activo del Gobierno en este asunto y aseguran que la Comisión Europea "debería estar abierta porque en caso de no hacerlo, la pérdida de oportunidad sería tremenda". El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, se manifestó al respecto en una entrevista publicada en la Vanguardia el domingo, 13 de noviembre, ciñéndose a las fechas establecidas, con un horizonte temporal que termina en 2026 "no solo por razones legales, sino porque modificar el mecanismo que permitió emitir deuda sería muy difícil".
No obstante, con la guerra en Ucrania y entendiendo que el contexto geopolítico ha podido alterar los calendarios de Gobiernos y empresas (con la inflación y la falta de suministros como principales escollos), Bruselas estableció un nuevo marco que permite a los países revisar sus planes y reformular o aplazar inversiones en aquellos casos específicos en los que esté objetivamente justificado, como ha hecho ahora Alemania.
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