"La Comisión Europea no ha podido obtener garantías suficientes sobre si los Estados miembros cuentan con sistemas de control eficaces para garantizar que el gasto cumpla las normas". Es la conclusión general del Tribunal de Cuentas Europeo, que ha analizado el control de los fondos europeos Next Generation EU a través de una muestra de cinco países, entre los que se encuentra España.
En su misión en nuestro país, los auditores europeos han observado "problemas" relativos a "la documentación" en los controles llevados a cabo por las autoridades nacionales, fundamentalmente la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): "Los detalles no están documentados, por lo que no pudimos verificar la calidad de los controles realizados en la muestra que examinamos".
En este sentido, también advierten que "dada la simplificación del procedimiento" en comparación con otras áreas del presupuesto nacional, "la documentación de los controles efectuados es importante para garantizar una verificación homogénea de la contratación pública". En concreto, revisaron objetivos relacionados con los Ministerios de Agricultura y Cultura, realizando también entrevistas y reuniones con representantes de la Comisión y del Gobierno español.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas Europeo identificó "una grave ausencia de control en el ámbito de la contratación pública por parte de los organismos de ejecución en Chequia y Francia, y "problemas relativos al calendario" en Italia. Sobre el quinto país auditado, Croacia, no hay comentarios. El Tribunal de Cuentas Europeo recuerda que en sus informes anuales ya señalaba que "no se puede confiar plenamente en la labor de las autoridades nacionales de auditoría sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos".
Precisamente, "los organismos nacionales de auditoría de los fondos Next Generation" son los mismo que "auditaron los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos" en Chequia, Croacia, Francia y España. En este sentido, concluye que "en los casos en que el mismo organismo audita ambos fondos, existe el riesgo de que los sistemas de control y auditoría no sean lo suficientemente eficaces para detectar el incumplimiento de las normas sobre contratación pública y ayudas estatales".
En lo que respecta a las medidas correctoras ante una contratación pública incorrecta, destaca que "en Francia y España no se recuperan fondos de los destinatarios finales, salvo en caso de irregularidades graves" y en los Estados miembros en los que se recuperan fondos, éstos no se devuelven al presupuesto de la UE. "Si los Estados miembros no aplican recuperaciones por infracciones individuales de las normas, esto podría reducir el efecto disuasorio", sentencia.
El Gobierno pide replicar el modelo para la Defensa
Mientras tanto, el Gobierno presiona en Bruselas para replicar el modelo de los Next Generation e incluir transferencias a fondo perdido en el plan de rearme para impulsar la inversión en Defensa. De momento, lo que se ha planteado por parte de la Comisión Europea es la movilización de 150.000 millones de euros en préstamos, así como la flexibilización de las reglas fiscales para que ese gasto no compute.
Asimismo, el Ejecutivo está aprobando ampliaciones de crédito y maniobrando para incorporar nuevas partidas que puedan contabilizarse como gasto en Defensa, elevando así el nivel en un primer momento sin pasar por el Congreso y sin sacrificar gasto social, un compromiso con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. En todo caso, y más allá del instrumento financiero que finalmente defina Bruselas, los expertos sólo ven dos vías para que el Gobierno cumpla: endeudándose más o subiendo impuestos.
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