Italia va muy por delante de España en el cumplimiento de las reformas necesarias para recibir los fondos UE. Y eso que Roma está sometida a una mayor presión de la Comisión Europea, por el mayor número de hitos comprometidos. En concreto, el Gobierno italiano ha cumplido satisfactoriamente el 34% de los hitos y objetivos pactados, frente al 26% del Ejecutivo español.
Las cifras figuran en la última auditoría elaborada por el Tribunal de Cuentas de la UE. El informe constata que ambos países han recibido los mismos desembolsos de las arcas comunitarias: un 46%. Italia y España están a la cabeza de la Eurozona por volumen de fondos asignados. Al país transalpino se le concedieron casi 192.000 millones, mientras que el Ejecutivo español obtuvo luz verde para acceder a 163.000 millones.
La mayor cuantía aprobada para Italia conllevaba mayores exigencias. Según el Tribunal de Cuentas, Roma debe cumplir 525 hitos y objetivos, frente a los 416 de Moncloa. Al cierre de la auditoría, antes del cuarto trimestre de 2023, el Ejecutivo italiano había completado 178, muy por encima de los 121 del español.
En ambos casos, la proporción de objetivos cumplidos está por encima de la media de la UE (19%). También la superan en términos de financiación desembolsada (37%). Sólo hay dos países que hayan recibido más dinero proporcionalmente respecto al solicitado: Francia (59%) y Portugal (48%). Ambos adelantan a Italia y España en hitos alcanzados (53% y 28%, respectivamente).
La auditoría del Tribunal europeo vuelve a poner a España en el foco por la lenta ejecución de los fondos y las reformas. Italia está haciendo mejor los deberes de cara a Bruselas. El Gobierno español fue el más rápido en presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gracias a ello, recibió un rápido aprobado de la Comisión Europea. En diciembre de 2021, ya había recibido el primer pago de fondos (10.000 millones).
El Gobierno no tardó en toparse con la compleja realidad: los países de la UE nunca habían recibido tal cantidad de subvenciones con tan poco tiempo para gastarlas. La estrategia de Moncloa comenzó a fallar, entre otros factores, por el elevado grado de centralización de la tramitación, por las trabas burocráticas y por la creciente opacidad estadística. España comenzó a perder terreno e Italia acabó tomando la delantera.
La carrera de los fondos UE
Al inicio de este verano, el Ejecutivo de Giorgia Meloni confirmó que ya estaba en condiciones de solicitar el sexto pago de fondos UE. El 28 de junio, envío la petición a Bruselas y aprovechó para sacar pecho. “La solicitud de pago del sexto tramo del Plan de Recuperación confirma el trabajo positivo del Gobierno y la primacía de Italia, en primer lugar en Europa por los objetivos alcanzados", aseguró Meloni, según las declaraciones recogidas por la agencia Nova.
En concreto, Roma solicitó otros 8.500 millones, abriendo más aún la brecha que le separa con Moncloa. El Ejecutivo español recibió en junio el aprobado para ingresar el cuarto pago, de 10.000 millones.
En la última auditoría, el Tribunal de Cuentas de la UE pone a España como mal ejemplo de gestión, por el desempeño peor de lo deseable que están llevando a cabo las distintas administraciones. Los auditores señalan que los países analizados "previeron una serie de medidas para reforzar la capacidad administrativa de cara a la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)".
El presidente del Tribunal de Cuentas de la UE, Tony Murphy (centro), durante una visita a Madrid.EP
El informe pone algunos ejemplos: "la contratación de personal adicional, la prestación de apoyo operativo y la simplificación de los procedimientos administrativos". El Tribunal, no obstante, advierte de que existen aún "muchos problemas".
Cita, en primer lugar, el caso español. "El plan nacional de recuperación y resiliencia de España contenía una serie de reformas específicas para modernizar la administración pública del país reforzando su marco de contratación pública, mejorando los procedimientos de contratación y el desarrollo de un sistema para gestionar y hacer un seguimiento de la aplicación del MRR", señala.
"Sin embargo", concluye, "la finalización de algunas medidas no fue tan rápida como se esperaba". El tribunal que preside Tony Murphy cita una reforma prometida "para reforzar la capacidad de la administración con el propósito de atraer y retener al personal". Esta no vio luz verde en el Congreso hasta diciembre de 2023.
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