Economía

La mayor fortuna extremeña se quedó con la planta de Tarragona en la quiebra de La Seda

Ricardo Leal, dueño del grupo de bisutería Cristian Lay, controla cerca de 30 empresas y está considerado como la mayor fortuna de Extremadura, con un patrimonio valorado en 230 millones de euros

Ricardo Leal, al frente del conglomerado Cristian Lay, adquirió la planta que el miércoles explotó en Tarragona en la quiebra del grupo químico La Seda.

El empresario extremeño, considerado la mayor fortuna de la región, constituyó Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) en 2014 tras comprar la unidad productiva de La Seda, la fábrica situada en La Canonja (Tarragona). La adquisición se efectuó en un proceso de subasta organizado por el Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona, que tramitó el concurso de acreedores de la compañía química catalana.

Leal logró reconducir la actividad de la fábrica logrando en los ejercicios 2017 y 2018 elevados ingresos y beneficios. En esos dos años, los últimos cuyas cuentas están ahora disponibles en Registro Mercantil, la planta de Tarragona alcanzó una cifra de negocio cercana a los 150 millones de euros obteniendo unos 20 millones de ganancias cada año.

Ricardo Leal se define como "metódico, ordenado, intuitivo y autodidacta"

Hijo de un albañil de Jerez de los Caballeros (Badajoz), Ricardo Leal (octubre de 1955) comenzó a trabajar en un taller de joyería siendo prácticamente un niño. El empresario fundó Cristian Lay en 1981, dedicada a la venta de bisutería y joyería, presente hoy en 13 países y con un catálago de más de 2.000 artículos.

Leal, que se define como "metódico, ordenado, intuitivo y autodidacta" diversificó el negocio y en la actualidad controla empresas dedicadas a la cosmética, el gas, o la fabricación de cartón ondulado, entre otras muchas. 

De acuerdo a las cuentas de 2018 de Cristian Lay, a las que este diario ha accedido a través de Insight View, el grupo cerró ese año con fondos por importe de 179 millones de euros y un beneficio de 20,5 millones.

Las deudas con entidades financieras se dispararon ese año hasta los 39,7 millones a largo plazo (4 millones en 2017) y hasta los 17,8 millones a corto plazo (9,2 millones un año antes).

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