En la antesala de que España asuma la Presidencia rotatoria de la UE, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha encontrado con que Holanda vuelve a estar implicada en un revés para sus intereses y para los de España, la salida de la matriz de Ferrovial, que llevaba fraguándose mucho tiempo con la colaboración de Ámsterdam, según trasladan fuentes conocedoras, lo que Moncloa ignoraba.
La relación problemática con Holanda viene de lejos. Fue especialmente enconada con los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en pleno enfrentamiento entre los países del Norte y del Sur en la crisis financiera, y se mantiene, a pesar de los cambios de color político y de las nuevas formas de gestión de la crisis que se viven en la UE desde el Covid y con la guerra en Ucrania.
Luis de Guindos perdió la Presidencia del Eurogrupo frente al socialdemócrata holandés Jeroen Dijsselbloem en 2015 y se retiró de la contienda para sustituirle en 2017.
NI la influencia internacional de la que presume Pedro Sánchez ni siquiera el conocimiento de los entresijos comunitarios de Nadia Calviño han cambiado las tornas. Guindos perdió la votación de la silla del Eurogrupo por una diferencia más abultada, mientras que Calviño lo hizo en 2020 por un sólo voto, pero el mazazo a la entonces vicepresidenta segunda fue mayor, ya que se produjo después de lo que se presentó como una negociación fina y muy trabajada del Gobierno español en la que todo estaba atado y bien atado.
En este duro revés fue clave el ministro popular holandés, Wopke Hoekstra. También la llamada Liga Hanseática, que lidera Holanda, y que se creó en 2018 a imagen de la alianza comercial de la Edad Media por los ministros de Finanzas de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos y Suecia. Estos países ponen el foco en la libre circulación de capitales, el libre comercio y la competencia fiscal dentro de la UE.
En cambio, ponen reparos a los avances en la integración europea y, muy especialmente, a lo que deben contribuir. La posición contraria a la de Calviño, más cercana a las posiciones integradoras y de un presupuesto europeo más fuerte, y favorable a poner restricciones a las políticas de impuestos bajos.
También pesó en contra de Calviño el comentario que hizo cuando se refirió en 2018 a la nueva 'Liga Hanseática' como un grupo de "países pequeños con poco peso".
En este contexto, llamó la atención en abril de 2022 la propuesta conjunta de reglas fiscales de Calviño y su homóloga holandesa, Sigrid Kaag, de una reforma del Pacto de Estabilidad que permitiera establecer estrategias de consolidación específicas para cada país "realistas, graduales pero ambiciosas".
"La presentación conjunta de un documento de España y Holanda, dos países que tradicionalmente han tenido posiciones diferentes en el ámbito de las reglas fiscales, envía un mensaje muy importante. Es el momento de la unidad y la determinación", destacó Calviño. "No perdamos energía y tiempo en diferencias superficiales", añadió su colega holandesa.
Sin embargo, el pasado 2 de noviembre, Kaag se desmarcó con un texto en solitario mucho más duro en el que pedía "salvaguardias claras para garantizar que la Comisión y el Consejo tomen medidas cuando los Estados miembros no cumplan las normas, incluida la aplicación de los procedimientos de déficit excesivo. Esto es especialmente importante para los países con alto riesgo de sostenibilidad de la deuda”, añadió, en clara referencia final a España, entre otros.
Motivos fiscales
Más allá de las acusaciones del Gobierno a Ferrovial de llevarse la matriz a Holanda por motivos fiscales, un cambio de este tipo, a espaldas de Moncloa, se llevaba fraguando desde hace mucho tiempo en colaboración con Ámsterdam, especialmente, con su Inspección.
El Gobierno insiste en la motivación fiscal del traslado y el propio Rafael del Pino aseguró este jueves en la Junta de Accionistas que no hay tal, que la operación es neutra. La diferencia normativa más reseñable es que el Gobierno de Pedro Sánchez penaliza el 5% de los dividendos desde 2021, cuando en Holanda están exentos al 100%.
Inspectores y fiscalistas consultados por Vozpópuli creen que sí que puede haber ventaja aunque no muy reseñable, pero en todo caso, a futuro, si en el desarrollo de los Pilares 1 y 1 de la OCDE para la llamada tasa global a multinacionales el marco que establece Holanda es más suave que el del Gobierno español, lo que cabría esperar.
"Se podrían haber ido a Alemania si estuvieran buscando la triple A", dijo Calviño el 13 de marzo preguntada en RNE por qué quería decir cuando declaraba que el Gobierno estaba analizando la salida, en alusión a que Hacienda estudia los motivos que ha dado la empresa.
Cuestionada a continuación por si Holanda es un paraíso fiscal o si ofrece una fiscalidad excesivamente laxa, la vicepresidenta mantuvo que "Países Bajos ha mejorado mucho", pero insistió en su discurso contra lo que llama competencia fiscal desleal, e incluso apuntó contra la Comunidad de Madrid, cuando dijo que también la realizan algunas comunidades autónomas.
Con todo, las diferencias que sí subrayan los expertos entre España y Holanda son de buen gobierno, el talante facilitador de la Administración holandesa y en especial, su Agencia Tributaria, precisamente lo contrario de lo que se considera de la española. El difícil trato del Fisco español lo ha venido poniendo de manifiesto en público el equipo fiscal de Ferrovial desde hace años.
Asimismo, en Holanda existe una asentada tradición de rulings o acuerdos con cada empresa que dan certidumbre a las compañías. En España, además de los cambios legislativos constantes y contradictorios, las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos relativas al Impuesto sobre Sociedades llevan un retraso de hasta cuatro años.
En este escenario, la Hacienda holandesa ejercita una importante labor de promoción de su gestión y servicios y compite activamente para atraer sedes de empresas.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor deY esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House), advertía en una entrevista con Vozpópuli: "Es verdad que hay algunas medidas que se están implementando, pero la competencia fiscal sigue existiendo, los pilares de la OCDE que han acordado más de 185 países son un paso adelante muy positivo, pero incluso dentro de esto, existe competencia entre los países por captar actividad económica y sedes. En estas circunstancias, hay que ser particularmente cuidadosos en el diseño del Impuesto sobre Sociedades porque afecta a las actividades económicas y a la localización de las empresas".
Libertades europeas
Que el Gobierno español parezca ignorar la libertad de establecimiento y empresa y la libre circulación de capitales que regula el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) con sus presiones a Ferrovial y que lo haga a las puertas de que asuma la Presidencia de la UE ha llamado la atención de algunos juristas, pero fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli advierten de que esta posición política es menos aventurada de lo que puede parecer y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en su conexión con la presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, que tiene entre los aliados para su reelección a Sánchez.
Las mismas fuentes prevén que Calviño presente los reparos del Gobierno español al cambio de sede y la operación no como el malestar ante la búsqueda de la empresa de mejor financiación, cotización y seguridad jurídica, sino como el cuestionamiento a una salida por motivos fiscales, enmarcada en la batalla que enfrenta a Holanda e Irlanda con las grandes economías de la UE, Francia, Alemania, Italia y España, aliadas en su lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales.
De hecho, el Gobierno no ha tenido reparos en remitir y hacer pública la citada carta, en la que presiona a la empresa y anticipa un castigo fiscal a su salida, un cometido que además corresponde a un organismo autónomo como la Agencia Tributaria.
El Fisco tiene cuatro años para comprobar la salida, desde que Ferrovial presente su última declaración de Sociedades, previsiblemente, a finales de noviembre, pero en casos similares suele optar por una inspección rápida, traslada fuentes conocedoras.
Este proceso puede generar tensiones importantes con el Fisco holandés, que reclamará la tributación de la empresa allí. El conflicto, en forma de acta levantada por Hacienda, desembocaría en el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y de ahí llegaría a la Audiencia Nacional. En su periplo en los tribunales de Justicia, es previsible que alguno de ellos plantée cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Asimismo, un enfrentamiento de este calibre podría llevar a la empresa a denunciar una infracción del Derecho de la UE en lo que respecta a la libertad de establecimiento y de circulación de capitales ante la Comisión Europea, que podría acabar en el TJUE también.
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