El reglamento que permitirá trasladar a las tres administraciones y a las empresas públicas que cuelgan de ellas la nueva reforma laboral está siendo rematado por los técnicos de Hacienda y del Ministerio de Trabajo como paso previo a su publicación en el BOE. La reducción de personal va a suponer el año que viene uno de los grandes capítulos de ajuste del gasto público y el Gobierno no va a permitir que los contratados laborales, interinos, eventuales y temporales tengan mayores ventajas que los trabajadores del sector privado cuando sean despedidos. Todos tendrán que pasar por el aro de la nueva reforma laboral.
Ministerios, comunidades y ayuntamientos podrán alegar para despedir el desfase entre ingresos y gastos, al igual que las empresas privadas argumentan sus pérdidas
Con la nueva legislación que puso en vigor el ex ministro Celestino Corbacho y posteriormente amplió la ministra Fátima Báñez, cualquier empresa privada puede acogerse a un despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción si demuestra que está en pérdidas, que las va a tener en el futuro o que va a sufrir una disminución de ingresos. En estos casos, la indemnización fijada para cada trabajador es de veinte días de sueldo con un tope de doce mensualidades. Con la reforma que ultiman los ministerios de Hacienda y Trabajo, cualquier administración o empresa pública podrá acogerse a los despidos colectivos alegando que ha entrado en déficit.
Los cálculos del Gobierno reflejan que el año que viene se perderán alrededor de 102.000 empleos públicos, a los que hay que sumar los 176.000 eliminados en las tres administraciones en los últimos doce meses. Empresas públicas y comunidades autónomas serán las más afectadas por el adelgazamiento de plantillas. En el caso de los interinos, los despidos se realizarán por orden alfabético para evitar arbitrariedades, según fuentes seguras. Con estas medidas, en los Presupuestos de 2013 que se tramitan en el Congreso se prevé un ahorro de 3.600 millones de euros para el año que viene, de los 60.000 que se dedicarán al capítulo II.
Los 700.000 contratados laborales y los más de 300.000 interinos estarán sometidos a las mismas reglas que operan para el sector privado en los despidos colectivos
En la diana potencial de los despidos colectivos figuran los casi 700.000 contratados laborales que hay en las tres administraciones. De ellos, 384.000 trabajan en los ayuntamientos, 146.000 en las comunidades autónomas y el resto en la Administración central. Los interinos se reparten así: 288.000 en las comunidades, 11.000 en las corporaciones locales y otros tanto en los Ministerios. La mayoría de ellos trabajan en los sectores de la educación y de la enseñanza.
En la Encuesta de Población Activa que se conocerá hoy, posiblemente aparezca desglosado el número de EREs que han afectado al sector privado y al público. Los últimos datos disponibles, correspondientes a agosto, reflejan que en ese mes fueron despedidos 7.500 trabajadores, mientras aumentaron las reducciones de jornada debido a las mayores facilidades dadas por la reforma laboral.
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