Los sindicatos mayoritarios en la Función Pública, UGT, CC.OO. y CSIF, seguirán adelante con sus protestas y ya han acordado un nuevo calendario de movilizaciones de los empleados públicos de la Administración General del Estado para exigir mejoras en sus condiciones laborales y retributivas.
Los tres sindicatos han convocado medio centenar de manifestaciones en ciudades de toda España. Movilizaciones que comenzarán el próximo 21 de mayo y se extenderán durante un mes, hasta el 21 de junio. Reclaman un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario.
Las movilizaciones y concentraciones se desarrollaran ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las capitales de provincia, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. La primera convocatoria será en Albacete, seguida de Murcia el 23 de mayo, Sevilla y Bilbao el 24 y Madrid el 27, en un calendario que todavía está por cerrar.
Los representantes de los trabajadores públicos, en conversación con Vozpópuli, denuncian que la Administración General del Estado ha sido especialmente castigada por el Gobierno en los últimos años con el fin de conseguir cumplir los parámetros de contención del gasto. Un 'castigo' que se ha notado, aseguran, "tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal" consecuencia de los recortes efectuados con la "excusa de la crisis".
Nos han tratado como peleles para que Rajoy y Montoro pudieran sacar pecho en Bruselas
Para alcanzar el salario mínimo de 1.200 euros en la Función Pública, los sindicatos han propuesto un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional.
El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Camarillo, denuncia que son los empleados públicos de la Administración del Estado quienes "han pagado los platos rotos de la crisis económica". "Al depender directamente del Gobierno, nos han tratado como peleles para que Rajoy y Montoro pudieran sacar pecho en Bruselas". Por eso, asegura, "hoy hay miles de empleados públicos que no llegan a los 1.000 euros, en contra de lo que siempre se ha dicho de nuestros supuestos privilegios".
Insisten en la equiparación
No ha servido para calmar las aguas el pacto entre Hacienda y funcionarios para la subida salarial de los empleados públicos en el trienio 2018-2020. Después de las negociaciones entre el ministerio del Interior con Policía y Guardia Civil para equiparar sus salarios al de cuerpos autonómicos como el de los Mossos d´Esquadra, al Gobierno se le avecina una oleada de reclamaciones para que esta equiparación se extienda a numerosos colectivos de funcionarios que acusan una considerable ‘brecha salarial’ con respecto a los colegas que desempeñan sus mismas funciones en una u otra autonomía.
El sindicato de funcionarios CSIF ya había comenzado a plantear esta equiparación salarial efectiva para los diversos cuerpos de empleados públicos. La central sindical resalta que, desde el proceso de transferencias a las autonomías, la balanza salarial se ha inclinado a favor de los funcionarios de las comunidades y ha dejado a los del Estado en una situación de agravio.
Según los datos que maneja el sindicato, los funcionarios del Estado han perdido desde el año 2010 el 20% de su poder adquisitivo y se han perdido en torno a 163.000 empleos. Desde el sindicato CSIF aseguran que los empleados públicos de la Administración General del Estado, funcionarios y laborales, perciben por la realización de un mismo trabajo de media un 25 por ciento menos que los empleados públicos que realizan funciones similares en las distintas Comunidades Autónomas.
Por todo ello, las centrales sindicales reclaman que el Ejecutivo los convoque a la Mesa General de Negociación de la AGE para abordar este asunto, así como una nueva oferta pública de empleo, la supresión de la brecha salarial entre el personal laboral y el funcionario o la recuperación del 100 % de las retribuciones por situación de incapacidad temporal. En este sentido, CSIF, CC.OO y UGT denuncian que, a día de hoy, un funcionario tiene que "pagar por enfermar o ir a trabajar enfermo" ya que se le descuenta el día que falta a su puesto, algo que no ocurre en otras administraciones públicas.
Diferencias salariales
Los conceptos salariales de la mayoría de los funcionarios son: sueldo base, complemento de destino, complementos específicos, trienios, trabajos extraordinarios y/o fuera de la jornada, y conceptos de carrera profesional u otros tramos.
El sindicato CSIF ha elaborado unas tablas en las que reflejan las diferencias salariales entre los trabajadores públicos que prestan servicios para la Administración General del Estado (AGE) en comparación con diez Comunidades autónomas que entienden significativas por su número total de empleados públicos y por la ratio según habitante de las mismas.
Para su elaboración han descartado los trienios -por ser individualizados-; y los trabajos extraordinarios por no existir datos de su reparto. Aseguran que si hubieran incluido productividad, antigüedad y otros complementos extraordinarios las diferencias serían incluso mayores. Este es el cuadro resumen con el que denuncian esas diferencias salariales, desde el nivel más alto del funcionariado (A1), en el que se reflejan diferencias que superan los 20.000 euros; hasta el nivel C2 en el que el desequilibrio puede llegar a alcanzar los 15.000 euros
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