Si hubo un tema que enfrentó el martes a las comunidades en la Conferencia de Presidentes fue el de los impuestos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lideró la ofensiva de las regiones socialistas contra los paraísos fiscales españoles, en una clara referencia a Madrid, donde algunos impuestos cedidos, como el de Patrimonio, están bonificados al 100%. Pero la presidenta de la comunidad madrileña no quiere oír hablar de la armonización fiscal que reclama parte del principal partido de la oposición.
La polémica está servida porque cualquier cambio de este tipo se ligará a la reforma de la financiación autonómica, que el Gobierno se ha comprometido a empezar a negociar en un mes y a cerrar antes de que acabe el año. ¿Qué quieren realmente los socialistas? Díaz pidió mínimos y máximos en figuras como la del Patromonio y Sucesiones. Pero La Fundación Alternativas, próxima al PSOE, ha hecho público un informe firmado por el exsecretario económico del partido, Manuel de la Rocha, en el que también se reclama un tramo estatal para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El IBI es un impuesto directo de carácter local que grava la titularidad y derechos reales sobre cualquier bien inmueble, ya sea urbano, rústico o con características especiales. Es decir, lo paga toda persona que tenga un bien de estas características. Es uno de los impuestos cedidos a las entidades locales. Su aplicación es obligatoria y la gestión y la recaudación están totalmente cedidos. En este caso, la ley de Haciendas Locales contempla unos tipos de gravámenes mínimos y máximos para cada inmueble en función de su clasificación y del municipio en el que esté situado.
Tramo estatal en el IBI
Pero la Fundación quiere ir más allá y fijar un tramo estatal que tenga más progresividad y que contribuya así a la progresividad total del sistema. Uno de los argumentos que utiliza el exsecretario económico del partido es que es un impuesto que grava la riqueza y, por tanto, debe desempeñar un papel más importante en el sistema tributario. Además, la evasión en esta figura resulta difícil.
La fundación también propone, como dijo ayer Díaz, fijar un mínimo en el Impuesto de Patrimonio. En este caso no habla de máximos, así que básicamente quiere obligar a Madrid a recaudar por esta figura para evitar la competencia fiscal entre regiones. Actualmente, las comunidades son libres de fijar sus tipos. Madrid, por ejemplo, tiene una bonificación del 100% en esta figura y Andalucía, en cambio, es la tercera región que más recauda, por detrás de la Comunidad Valenciana y Cataluña, que se queda con casi la mitad de los ingresos que genera.
Según De la Rocha, una medida así permitiría acabar con la fragmentación territorial del impuesto. Pero el martes Cifuentes no se mostró muy por labor de asumir la propuesta. Tampoco está muy dispuesta a armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una figura que sigue existiendo, pero que prácticamente se ha suprimido en la comunidad para las herencias y donaciones entre familiares directos. Y es que la armonización de estas dos figuras que reclaman los socialistas equivaldría, de hecho, a incrementos fiscales en la comunidad.
El Impuesto de Patrimonio iba a desaparecer en 2013, pero el Gobierno prorroga su vigencia cada año porque aporta 1.300 millones
Desde algunos sectores económicos reclaman la supresión de estas dos figuras. Y lo cierto es que los últimos gobiernos han intentado eliminar definitivamente el Impuesto de Patrimonio. El equipo de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a suprimirlo en 2008, justo antes de que estallara la crisis económica, argumentando que castigaba a las rentas medias. Pero, curiosamente, el mismo gobierno se vio obligado a recuperarlo tres años después para intentar controlar las cuentas públicas.
Aunque endureció el mínimo exento (que pasó de 120.000 euros a 700.000 euros), el impuesto volvió con fecha de caducidad. Debía desaparecer en 2013. El adelanto electoral colocó al PP en el poder a finales de 2011 y desde entonces el equipo de Mariano Rajoy ha prorrogado la vigencia del tributo en cada Presupuesto para no cortar este flujo de recaudación a las comunidades autónomas. Este año aportará unos 1.300 millones, según figura en el plan presupuestario.
Las rentas de capital
Pero no acaban aquí las propuestas de la Fundación. También quiere que se unifiquen las rentas del capital en el IRPF. Otra medida encaminada a corregir la fragmentación territorial y a gravar mejor la capacidad de pago de los contribuyentes. Con todas estas medidas se elevaría la tributación de los grandes patrimonios en España. Y, en paralelo, se debería avanzar en la imposición verde para reducir las emisiones de CO2 y hacer una auténtica reforma del Impuesto de Sociedades.
La Fundación Alternativas cree que con todas estas medidas se podrían abordar los desequilibrios generados en el modelo de crecimiento español e incluso mejorar algunas partidas de gasto, como la destinada a combatir el desempleo estructural o las medidas para reducir la pobreza, como la renta básica de inserción que garantice un ingreso mínimo vital a todos los ciudadanos. La negociación empezará pronto, veremos a quién escucha el Ministerio de Hacienda.
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