El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene guardado un as bajo la manga para impedir la recién anunciada fusión entre Orange y MásMóvil en el caso de que considere que pueda afectar a los intereses del país. Se trata de la llamada popularmente 'Ley Antiopas' aprobada a raíz de la pandemia del coronavirus.
Una operación que tendrá que ser llevada a Consejo de Ministros en caso de prosperar. Cuenta con todas las particularidades reflejadas en el blindaje contra OPAs (Oferta Pública de Adquisición) aprobado vía Real Decreto con motivo de la pandemia del coronavirus y prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas a finales del año pasado -y hasta 2023-.
"El impacto de la crisis global desencadenada por el COVID-19 hace necesario proteger los sectores estratégicos de nuestra economía. Esta situación motivó la modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, añadiendo un nuevo artículo 7 bis de suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones", refleja el Real Decreto.
El texto desvela a continuación que está suspensión puede aplicarse a las inversiones "directas sobre empresas cotizadas en España, o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio".
Según un comunicado conjunto de Orange y MásMóvil al respecto de las conversaciones para la fusión, "la entidad resultante tendría la forma de una Joint Venture controlada por ORANGE y MASMOVIL (LORCA JVCO) al 50%, con una valoración de la entidad conjunta de €19.6 miles de millones. Ambas entidades se valoran de forma atractiva, con una valoración de Orange España de 8.1 miles de millones de € (7.5x 2022E EBITDAaL y 38.7x 2022E EBITDAaL – eCapex) y una valoración de MASMOVIL (que incluye la adquisición de EUSKALTEL) de 11.5 miles de millones de € (9.9x 2022E EBITDAaL y 17.8x 2022E EBITDAaL – eCapex"
Son datos que, según distintas fuentes del sector consultadas por Vozpópuli, se ajustan sobradamente al Real Decreto contra OPAs, por lo cual el Ejecutivo tiene la potestad de impedir que se produzca la fusión, que alumbraría al segundo operador de telecomunicaciones por volumen de clientes del país, y sería competidor directo de Telefónica. Este diario ha consultado al respecto de la posibilidad de usar la 'Ley Antiopas' al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -encargado de hacer valer el Real Decreto-, pero desde el organismo han declinado hacer declaraciones al respecto.
Fusiones y adquisiciones: el caso KKR y Telecom Italia
Entre otras cosas, el Gobierno trata de evitar con las sucesivas prórrogas de la 'Ley Antiopas' que, en un momento de debilidad económica como el causado por la pandemia del coronavirus, empresas de capital extranjero puedan tener mayor control del debido en sectores de interés estratégico para España a través de procesos de fusión o adquisición.
Precisamente una de las prórrogas del la ley se produjo con el telón de fondo de la OPA del fondo norteamericano KKR sobre el operador italiano Telecom Italia, cerrada en 10.800 millones de euros. Pedro Sánchez no quiere que una operación de este tipo pueda darse con una empresa como Telefónica si se atiende al sector de las telecomunicaciones.
La compañía dirigida por José María Álvarez-Pallete cuenta con la mayor red de telecomunicaciones -fibra, antenas y cables submarinos- de España. En un contexto como el actual, en el que la tecnología y el flujo de información son de interés capital, Sánchez quiere tener cierto control lo que sucede si se anuncian procesos de fusión, más en el sector de las telecomunicaciones.
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