Hay una diferencia elemental entre La Caixa y buena parte de las cajas de ahorros que poblaron en su día España. En la mayoría, los poderes públicos controlaban de arriba abajo las entidades. La Caixa siempre fue una excepción: eran sus dirigentes los que influían profundamente en el 'establishment' político catalán. Ese hecho diferencial explica por sí mismo que en las filas de Junts y ERC emerja estos días un viejo anhelo: marcar el paso de las decisiones clave que se adoptan en la Torres Negras de la Diagonal.
Esa aspiración cobra forma en la exigencia que las dos formaciones independentistas han planteado al Gobierno. Lo publicó este viernes en exclusiva Vozpópuli: tanto Junts como ERC pretenden que el Ministerio de Economía traspase a la Generalitat la capacidad de supervisión de la Fundación La Caixa. Es un resquicio por el que entrar. Casi el único, por ahora, habida cuenta de que la sede de CaixaBank sigue ubicada en la calle Pintor Rosales de Valencia; y la de la Fundación, en la Plaça Weyler de Palma.
Los dos partidos soberanistas tienen en su contra, de entrada, la oposición del presidente de la entidad. A sus 81 años, Isidro Fainé sigue gobernando con mano férrea la Fundación, de la que depende la joya de la corona: Criteria, principal accionista de CaixaBank y dueña de las participaciones en Naturgy, Telefónica y BBVA (entre otras). Fainé preside un patronato en el que están sentados directivos 'top', como Pablo Isla o José María Álvarez Pallete.
Ahora bien, la aspiración de los independentistas tiene dos ingredientes a su favor. El primero es que ya existe un precedente claro. La actual ley de cajas, surgida tras la escabechina que provocó la crisis financiera, obligó a las entidades a convertirse en fundaciones. Todas quedaron sujetas a la supervisión del Ministerio de Economía, salvo una: la Kutxa. Fue el PNV quien logró la excepción para que la labor de vigilancia recayera en manos del Ejecutivo vasco.
El otro viento favorable es el más importante: la conformación de una nueva coalición de Gobierno, que ya ha cedido a pretensiones rotundas de los soberanistas. A la cabeza está la amnistía de Carles Puigdemont y el resto de promotores del 1-O, seguida de la condonación a la Generalitat de 15.000 millones de deuda y la cesión de los trenes de cercanías (Rodalies).
Durante la próxima legislatura, Sánchez dependerá de los dos partidos que se han beneficiado de esas concesiones. Y nada garantiza que tanto Junts y ERC aprieten más la soga. Dependerá de sus propios cálculos electorales de cara a los próximos comicios catalanes y, claro está, del grado de debilidad de la coalición.
El papel del empresariado
Si la cuestión de La Caixa no avanza ahora, puede volver a la palestra más adelante. Por eso es tan determinante el papel que puede jugar el empresariado catalán. La realidad, de momento, no emite buenas señales. Los 'lobbies' que mueven los hilos económicos en Cataluña o han apoyado abiertamente la amnistía o han mantenido una ambigüedad muy calculada a la hora de pronunciarse.
El ejemplo más evidente es el del Cercle d'Economia. El ente, que reúne a representantes de la empresa y la sociedad civil catalana, tardó semanas en consensuar su posición oficial sobre el perdón a Puigdemont. Finalmente, se posicionó a favor de la amnistía, aunque condicionada a un pacto imposible con el PP.
El Cercle, presidido por Jaume Guardiola, ha demostrado la misma falta de contundencia que Foment del Treball. La patronal, liderada por Josep Sánchez Llibre, ha recibido con júbilo la entrega de los Rodalies y, por supuesto, el perdón de la deuda. El ex diputado y senador de CiU se ha limitado a reclamar la "estabilidad necesaria" para las empresas catalanas. Un mensaje que choca frontalmente con la dureza con la que se ha expresado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, vasco y afincado en Madrid.
Los mandamases de Foment nunca han considerado que la amnistía amenace esa "estabilidad". Al contrario, el propio Sánchez Llibre ha tratado el asunto con Puigdmont, en los encuentros mantenidos en suelo belga. Con más ímpetu aún ha defendido la amnistía Pimec, la patronal de las pymes que lidera Antoni Cañete y que cuenta con las simpatías de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz.
Hay una organización más, con capacidad de influencia y que ha generado, recientemente, bastantes expectativas dentro y fuera de Cataluña. Se trata de la Cámara de Comercio de Barcelona, que llevaba cuatro años en manos 'indepes'. Hace menos de un mes, el Pleno de la Cámara nombró presidente a Josep Santacreu. El ex directivo de DKV, moderado, partidario del diálogo entre las instituciones, derrocó en las elecciones a la lista Eines de País, abiertamente independentista.
Las actuales maniobras en torno a La Caixa proceden, por ahora, del entorno de Puigdemont y del ala más dura de ERC
En la toma de posesión se dejó ver uno de los profesionales catalanes que mejor conocen por dentro la Generalitat y, sobre todo, La Caixa: Jaume Giró. El ex conseller de Economía abogó durante su mandato por una especie de Tercera Vía, para avanzar hacia la independencia por la vía de la negociación.
Tras una etapa en la sombra, provocada por la ruptura de la alianza entre Junts y ERC, Giró también acudió hace poco a la tradicional comida que organiza anualmente Luis Conde; un empresario partidario de la convivencia 'pacífica' entre España y Cataluña. A la cita acudieron desde el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al conseller Roger Torrent, pasando por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
El ex director general de La Caixa se mantiene, por ahora, en un segundo plano, a la espera de la evolución de los acontecimientos. La relación de Giró con la actual dirección de Junts quedó trastocada tras la ruptura del anterior Govern. Entre ambos han mediado, incluso, empresarios catalanes tan conocidos como David Madí.
Maniobras en torno a La Caixa
Las actuales maniobras en torno a La Caixa proceden, por ahora, del entorno de Puigdemont y del ala más dura de ERC. Se da por hecho que ambas formaciones también volverán a reclamar en los próximos meses la derogación del decreto que facilita la salida de empresas de Cataluña.
Los empresarios que piden -desde Madrid, pero también desde Barcelona- más valentía frente al nuevo escenario político recuerdan que el silencio y la ambigüedad tiene consecuencias. Uno de ellos -todo un ejemplo de firmeza- es José Luis Bonet, presidente de las Cámaras de Comercio y ex presidente de Freixenet. Esos empresarios 'críticos' ponen como ejemplo lo sucedido en la víspera del 1-O. Fueron pocas las entidades que se pronunciaron abiertamente y con tiempo suficiente contra el referéndum ilegal, empezando por la propia Caixa.
Esta actitud pasiva allanó el camino para lo que vino después: la declaración unilateral de independencia. Fue el gabinete de Mariano Rajoy el que tuvo que socorrer al empresariado, facilitando -con el mencionado decreto- el traslado de las sedes sociales fuera de Cataluña. Esta vez, si el ambiente se caldea de nuevo en Cataluña, no habrá en Madrid un Gobierno con capacidad de enfriar la temperatura. Al contrario, si hay acuerdo, estará sustentado por 'pirómanos' de la talla del fugado Puigdemont.
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