Días antes de las elecciones catalanas, Carles Puigdemont afirmó, sin tapujos, que tiene "bien cogido" al Estado. El ex 'president' fugado ya estaba firmemente convencido de que sus huestes sacarían tajada fuera cual fuera el desenlace electoral. El resultado es diabólico para el vencedor, Salvador Illa, y para su jefe de filas, Pedro Sánchez, que deberán hacer cesiones al lado 'indepe' para gobernar en Cataluña y seguir mandando en Madrid.
El peaje inicial será económico. Al final, casi todo se reduce a una cuestión de 'pasta'. Para formar un tripartito, el PSOE debe avanzar en la dirección que marcó ERC en marzo. El Govern, presidido por el ya caído Pere Aragonès, presentó una propuesta de "financiación singular", que implica la cesión de todos los impuestos a Cataluña a cambio de un cupo 'a la vasca'. Los privilegios fiscales para la autonomía son otra reivindicación de cabecera de Junts, cuyo líder, además, exige el regalo extra de la amnistía.
Las negociaciones a dos bandas del PSOE con ERC y Junts acelerarán el nuevo sistema de financiación que exigen las fuerzas independentistas. La nueva fórmula tendrá consecuencias importantes para las arcas públicas, para otras comunidades autónomas y para la propia Constitución.
Un estudio recién publicado por la Fundación Civismo cifra en un mínimo de 14.389 millones el coste que tendría el cupo catalán para el Estado. El cálculo está realizado a partir de los ingresos de IRPF, IVA e impuestos especiales. Es decir, "sin contar con el recorte de pagos al Estado que subsecuentemente tendría lugar en el resto de los impuestos (por ejemplo, Sociedades), que también serían controlados por la Administración catalana", advierten los autores del informe.
La "financiación singular" en la que ya trabaja Moncloa tendrá un impacto directo en el denominado Fondo de Garantía. Recordemos: los ingresos de las comunidades autónomas bajo el actual sistema de financiación provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos.
"El más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que se nutre con un 75% de los ingresos tributarios teóricos o normativos de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado", recuerdan los economistas de la Fundación Civismo. Su informe señala que los 14.389 millones que dejaría de obtener el Estado con el cupo catalán equivalen a lo que reciben de ese Fondo de Garantía Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura (14.483 millones de euros).
El estudio añade otras cifras llamativas a modo de comparación. El Estado dejaría de recaudar más de lo que gasta en Defensa (13.161 millones), más del 15% del gasto público total en Sanidad o el 23% del gasto público total en Educación, para cifras de 2023. La partida tambien equivale al gasto sanitario de Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón juntas.
Otro 'golpe' a la Constitución de Cataluña
La "financiación singular" para Cataluña, además, choca directamente con tres principios fundamentales recogidos en la Constitución: el de igualdad (artículo 14), el de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales (artículo 158) y el de solidaridad (artículo 158). Todo, como concluyen desde Civismo, para "consolidar una España a dos velocidades en la que un 21% de ciudadanos de primera clase disfrutarían de prestaciones públicas muy superiores a las del resto del país".
Cualquier cesión de tal calado, además, abre una peligrosa espita. Los privilegios fiscales puede incitar a otras comunidades autónomas con rentas más elevadas a reclamar el mismo trato. Las que tienen mayores apreturas, por su parte, asistirán a la ejecución de la quita de 15.000 millones concedida a Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Ambos elementos resaltan la importancia de negociar la reforma del sistema de financiación autonómica como un asunto de Estado, con luz y taquígrafos; y no sólo de forma bilateral, como moneda política de cambio.
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