El caso DIA sigue adelante y los principales investigados en la causa, entre ellos el exconsejero delegado de la cadena de supermercados, Ricardo Currás, tendrán que sentarse previsiblemente en el banquillo de los acusados.
El Juez Manuel García Castellón, al frente del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, ha decidido "retrotraer la actuaciones hasta el momento del dictado del auto de fecha 26 de febrero de 2021 por este Juzgado Central", abriendo el plazo para que las acusaciones formulen sus calificaciones provisionales y demás actuaciones.
El Instructor toma la medida, en un reciente Auto al que ha accedido este diario, después de que la Sala de lo Penal dispusiera, el pasado mes de diciembre, revocar parcialmente "la resolución recurrida [por Ricardo Currás] devolviendo la competencia al juzgado para que provea la continuación del procedimiento de la manera que estime pertinente".
La Audiencia Nacional admitió en noviembre de 2019 querella presentada por la Plataforma Afectados de DIA
La Sala de lo Penal consideró, tras estimar parcialmente recurso de apelación interpuesto por la defensa de Currás, que no había indicios suficientes para enviar al banquillo de los acusados al exconsejero delegado de DIA; a otros cuatro exdirectivos de la cadena de supermercados; y a DIA, como responsable civil subsidiario, por supuesto delito continuado de falsedad en las cuentas anuales.
A pesar de la decisión de la Sala de lo Penal, el Juez a cargo de la instrucción, Manuel García Castellón, en su reciente Auto, retrotae las actuaciones a lo dictado el 26 de febrero de 2021, cuando el Juzgado propuso juzgar a los investigados por presuntamente haber inflado las cuentas de DIA generando un incremento ficticio del resultado superior a los 50 millones.
García Castellón señala que el Ministerio Fiscal, una vez analizado el Auto de la Sala de lo Penal del pasado 16 de diciembre, concluye que hay que complementar la información del proceso.
El informe del Fiscal
El Fiscal recuerda, entre otros factores, que la rebaja en las estimaciones de resultados anunciada por DIA en 2018, y "el hecho de suspender la política de reparto de dividendos, se motivó en las irregularidades contables detectadas".
El Fiscal recuerda que la reexpresión de las cuentas de DIA provocó que muchos accionistas perdieran confianza en el grupo
También advierte que la consecuencia de la reexpresión de las cuentas "provocó que muchos accionistas minoritarios, al igual que gestores de carteras especializadas, perdieran la confianza en la fiabilidad de la información contable de la compañía".
El Fiscal Alejandro Cabaleiro, en su informe al Juzgado sobre el Auto de la Sala de lo Penal del pasado mes de diciembre, recuerda que la fase de instrucción "no está para realizar y practicar toda y cada una de las pruebas pertinentes, necesarias y útiles para sostener una pretensión de condena sino, sólo aquellas que, cumpliendo tales requisitos, permitan preparar el juicio aportando una base inicial indiciaria de la comisión y autoría del delito (...)".
"Consecuencia de lo anterior", continua el Fiscal, "resulta la imposibilidad de la Sala, al resolver una apelación, entrar en el análisis de las pruebas".
Y advierte que, de hacerse "más allá de los estándares de de concurrencia indiciaria y mínima", conllevaría "infringir la oralidad, inmediación, contradicción y publicidad propia del proceso penal", y supondría "forzar a que toda la prueba se practicase en la fase de instrucción, desnaturalizando con ello el sistema de enjuiciamiento vigente (...)".
El Fiscal considera que la Sala de lo Penal, al dictar su Auto de diciembre, no tuvo acceso a toda la información del proceso
El Fiscal señala que la Sala, al resolver sobre la apelación el pasado mes de diciembre, "no tuvo acceso a toda la prueba practicada en el seno de la instrucción, ni esta fue toda a que se pidió para la práctica ante el órgano enjuiciador (...)".
"De ahí, posiblemente la Sala", continua el Fiscal, "al valorar la prueba referente a la idoneidad se haya encontrado con un déficit documental en el que basa su resolución, con riesgo claro de haber entrado en cuestiones propias del juicio oral y no de una fase de recurso de apelación".
La investigación judicial sobre el caso DIA se inició después de que la Audiencia Nacional admitiera en noviembre de 2019 querella presentada por la Plataforma Afectados de DIA.
Según las pesquisas, los exdirectivos de la cadena habrían engordado los números de 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.
El consejo de administración del grupo DIA decidió el cese de Ricardo Currás en agosto de 2018, poco antes de que se revelaran las supuestas irregularidades contables. Esas presuntas irregularidades obligaron a reajustar a la baja en 56 millones de euros el patrimonio de la compañía de supermercados.
