La inflación sigue un mes más por encima del 8%. Y los sindicatos ya avisan que esta subida de precios que ha llegado para quedarse no tardará en movilizar a los trabajadores en las calles. La culpa es de la energía. El estrés de 2021 de los precios con la reactivación de la economía se ha visto saturado con la crisis de Ucrania y el factor energético que se vive con el gas, y uno de sus mayores proveedores como es Rusia, ha llevado a tomar medidas excepcionales como es el límite del gas.
La medida que ha aprobado el Gobierno este viernes de manera excepcional, sin la luz verde de Bruselas, tiene como principal objetivo bajar el descontrol de la inflación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Economía, Nadia Calviño, han pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que esta medida temporal frene la sangría que se avecina en este 2022.
El límite al precio del gas que produce electricidad pretende llevar el precio del gas que produce electricidad de 80 euros megavatio hora (MWh) a una media de 48,8 euros/MWh hasta junio de 2023. Como el gas es la materia prima que marca la electricidad, la medida supondría reducir el mercado mayorista de la electricidad (pool) de los 200 euros/MWh a los 130 euros. Las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica señala que por cada megavatio eléctrico se necesitan dos de gas más los costes de las emisiones de CO2, que llevaría a pagar a todas las tecnologías a este precio en el mercado marginalista.
Los grandes beneficiados de este ajuste son los consumidores acogidos a la tarifa regulada de la luz. El denominado Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que el presidente de Iberdrola definió como la tarifa de los "tontos" y la ministra Teresa Ribera como "la más rentable en los últimos años", es la única que depende de los precios diarios del mercado mayorista. Y son los únicos precios eléctricos que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para saber ofrecer los datos del Índice de precios de consumo (IPC).
"La bajada contribuirá, además, a contener la subida del IPC y a mitigar la situación de las industrias que han tenido que reducir su demanda y ajustar la producción por no poder pagar la electricidad", destacaba este viernes el Gobierno. Si las previsiones salen como espera el equipo de Teresa Ribera, el mes de junio el IPC estará camuflado con esta medida.
Y así hasta junio de 2023. Las eléctricas, el INE y el Gobierno trabajan para que en enero de ese año ya el IPC cuente con el mercado libre, aquellos que tienen el precio estable y que representan al 65% de los consumidores, para incluirlos en la estadística de la inflación. Hasta entonces, solo la tarifa regulada afecta en esta estadística clave para partidas claves como las pensiones o el ajuste de sueldos públicos.
El tope al gas no tendrá el efecto esperado
La media del tope de gas tendrá un efecto menor de lo previsto en los costes energéticos. Una parte importante del mercado está en contratos de precio fijo y por tanto no se verán beneficiados por la medida (de hecho se verán perjudicados por el coste de financiación de dicha medida).
A priori, serán los clientes de PVPC los mayores beneficiados. Por otro lado, dado que es la tarifa PVPC la que se utiliza como referencia en el cálculo del IPC, sí tendrá un efecto directo mayor a nivel macroeconómico por el efecto de dicho indicador en la actualización de salarios, pensiones. Tendrá por tanto un efecto mayor en términos macroeconómicos que en términos reales en el coste global de la factura energética.
Las estimaciones que manejan desde el mercado son que este límite al precio del gas que produce electricidad generará un agujero al sistema eléctrico de cerca de 6.500 millones de euros. Una cifra que es mucho menor al coste que supone una inflación tan eleva por los precios eléctricos. Las cuentas, como confirman desde el sector, salen para el Gobierno con esta intervención del mercado.
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