Encontrar una gasolinera ‘barata’ es el sueño de todo conductor. Esta fantasía se cumplió el pasado 24 de enero en cerca 1.200 gasolineras en España que presentaban precios de diésel en sus monolitos tan económicos que se podría pensar que pierden dinero. Pero nada más lejos de la realidad. Estos precios de derribo se logran gracias al fraude en los carburantes que junta la trampa del IVA y el quiebro a los biocarburantes.
Según los datos que ofrece el sector, desde el pasado mes de octubre hasta la fecha el crecimiento de gasolineras que venden 'aparentemente sin rentabilidad’ o ‘por debajo de precio de coste’ ha crecido de forma exponencial. Cuando en octubre este dato rondaba las 50 gasolineras, en enero de 2024 ya se registran días con 1.220 gasolineras, cerca del 10% del total que hay en España, que ofrecen estos ‘chollos’.
El cálculo para detectar monolitos con precios por debajo de coste surge de sumar el precio de la cotización internacional del producto, las tarifas logísticas, el Impuesto Especial de Hidrocarburos, la tasa de eficiencia energética y las exigencias regulatorias. Con esa suma, surgen precios ‘mínimos’ con los que las gasolineras compiten de forma legal por captar clientes.
El fraude es más que conocido en el sector y por los reguladores, pero, lejos de reducirse, va a más. Los operadores y distribuidores fraudulentos que operan en España simulan realizar ventas de hidrocarburos a sociedades propias creadas ex profeso para llevar a cabo esta trama y esquivar el IVA. El siguiente paso es revender el producto a operadores de gasolineras a muy bajo precio o incluso a pérdida, lo que se pueden permitir porque no soportan el IVA en la compra ni repercuten el IVA en la venta, después desaparecen del mercado sin realizar la liquidación. Una buena alternativa para que cooperativas y operadores 'low cost' puedan esquivar la presión financiera.
El negocio de la venta al por mayor de carburantes funciona de la misma manera. Todos los operadores, desde una empresa como Repsol hasta un pequeño distribuidor, compran el carburante en su gran mayoría de las cisternas de Exolum, la antigua Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Después se encargan de distribuir este carburante a gasolineras propias o a otras marcas de gasolineras. Desde que sale de Exolum hasta que llega al coche de un particular, el carburante ha pasado por una cadena de valor donde esquivar el 21% es clave para hacer un negocio redondo.
El otro fraude en las gasolineras
Junto con el IVA, otra de las prácticas fraudulentas que suelen ir de la mano es la obligación de incorporar un porcentaje de biocarburantes en los combustibles destinados al transporte para reducir emisiones. El incumplimiento de esta obligación da ventajas competitivas, porque el coste de los biocarburantes es superior al de los combustibles convencionales, junto con el efecto medioambiental que ese fraude provoca.
Las empresas detectan este fraude porque el porcentaje de biocombustibles se verifica por un sistema de certificación, de forma que existe la posibilidad de cumplir parcialmente la obligación de venta de biocarburantes mediante un pago compensatorio. Desde el sector se ha constatado que, conforme aumentan las obligaciones de venta de biocarburantes, han incrementado los importes no ingresados en concepto de pago compensatorio por el déficit de certificados que a cada operador le corresponde obtener.
Todos lo saben
El propio Gobierno aseguraba el pasado 28 de diciembre en su real decreto de medidas urgentes su intención de "revisar urgentemente los artículos de la Ley 34/1998 (que regula la actividad de operadores al por mayor de hidrocarburos) y su normativa de desarrollo que afectan al sector de hidrocarburos porque no tienen en cuenta el desarrollo y evolución del sector y no son capaces de hacer frente a prácticas fraudulentas en el sector que perjudica al resto del sector y con impacto directo en el consumidor".
El Ejecutivo reconoce que existe fraude, que hay competencia desleal y pretende ahora revisar varios artículos de esta ley de hace 26 años. El asunto es especialmente delicado para Hacienda, ya que estima que este entramado le cuesta 700 millones de euros menos de recaudación y protagonistas habituales de su lista de morosos que llegan desde el sector.
El sector pide una mayor implicación. “Contra el fraude en el IVA, además de la intensificación de los esfuerzos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales”, reclamaba en 2023 la Asociación Española de Operadores de Productos Petroliferos (AOP), que integra a los grandes dueños de las gasolineras como Repsol, Cepsa, BP o Galp.
Los otros brazos afectados de la Administración son el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque parece que este impacto medioambiental no es tan alarmante, y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), donde estas prácticas de competencia desleal no es la mayor preocupación del organismo en lo que a este sector se refiere.
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