Las gasolineras en España están en una situación muy difícil. De media, las estaciones de servicio en España han adelantado 35.000 euros para la compra de carburante y la aplicación de las bonificaciones fijadas por el Gobierno a través de un Real Decreto, pero según las cifras publicadas el pasado martes, en torno a un 30-40% de las gasolineras aún no han recibido la devolución de ese dinero.

A esa cifra hay que sumar 3.000 euros de media en gastos informáticos para adaptar de manera tributaria los sistemas de cobro. Y ya ha pasado mes y medio desde que se puso en marcha la medida. "A estas alturas que haya una sola estación sin cobrar es un fracaso", señalan desde las patronales.

Desde las patronales se sienten abandonados por el Gobierno. Charlamos con Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) y con Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Cuentan a Vozpópuli que la situación de las estaciones de servicio ha hecho que los dueños necesiten pedir financiación privada, utilizar ahorros propios o, en el peor de los casos, recurrir a cierres temporales o definitivos.

Desde AEVECAR, denuncian que esta situación de crisis se ha producido por la actuación unilateral del Ejecutivo de Sánchez. Cataloga como "chapuza" el Real Decreto y afirma que en mes y medio, ningún miembro del Ministerio para la Transición Ecológica o del Gobierno se ha sentado con las patronales del sector para solucionar problemas derivados de esta normativa.

Denuncia que en Francia hubo 20 días para adaptarse a la nueva legislación, pero que en España, las estaciones de servicio solo tuvieron "39 horas para poner todo en marcha, adelantando dinero y cambiando el proceso informático". Todo ello, sin haber recibido aviso alguno por parte del Ejecutivo.

García Nebreda afirma que en el sector se enteraron de la aplicación de la medida a través de la intervención de Sánchez el 28 de marzo en el Congreso de los Diputados. Después, conocieron su aprobación tras celebrarse el consejo de ministros del 30 de marzo. Señala como injusto que el "no haber sido tenidos en cuenta para redactar el Real Decreto" y que pese a ello, este les lleve "a la quiebra".

La falta de liquidez ha hecho que muchas estaciones de servicio cierren. "Son unas 500", nos cuenta Nacho Rabadán. El director general de la CEEES cree que esto es un serio problema en zonas rurales, donde muchas veces hay una gasolinera para nutrir los depósitos de una comarca entera. "Priva el derecho a la movilidad de muchas personas y esto es algo que hemos puesto en manos del Defensor del Pueblo", señala.

Para CEEES, "lo peor es que la administración está en plazo" para devolver el dinero adelantado. La Agencia Tributaria puede demorarse hasta el 15 de junio, lo que puede agravar la situación de muchas empresas. Tanto Rabadán como García Nebreda creen que hay un caos administrativo debido a que estas devoluciones se hacen a través de las comunidades autónomas, lo que burocratiza aún más el proceso. "Hay delegaciones con dos funcionarios para 1.500 peticiones", señala el director general de AEVECAR.

Las gasolineras denuncian una falta de criterio en Hacienda

Según señalan desde CEEES y AEVECAR, la Agencia Tributaria además está imponiendo muchas complicaciones a los propietarios de las pymes. Pese a que la petición se hacía mediante una declaración responsable, algunas delegaciones de la Agencia Tributaria han decidido pedir todos los tickets de compra a la estaciones de servicio para comprobar si el dinero que piden es acorde a lo gastado. "Lo suyo sería que primero nos devolviesen lo pagado y después, que investiguen a quien crean conveniente", señala García Nebreda como solución para garantizar la solvencia de estos negocios.

La disparidad de criterios de la Agencia Tributaria a la hora de pedir justificantes a las pymes es, según el director general de AEVECAR, por una pobre redacción del Real Decreto: "No ha habido planificación y por tanto, tampoco un protocolo, por eso cada comunidad pide lo que le parece". Es por este motivo que el proceso de devolución tiene velocidades distintas según la comunidad autónoma: en Extremadura denuncian que no se han tramitado la mitad de las solicitudes de devolución.

Es por este motivo que en algunas estaciones de servicio, el sobrecoste asumido es mayor. "Han tenido que contratar personal de administración para que recaben todos estos datos y se los envíen a la Agencia Tributaria de manera correcta", señala Nacho Rabadán.

A ello hay que sumar que el anticipo del Gobierno fue insuficiente. García Nebreda afirma que Hacienda les dio antes del 8 de abril el 60% de las ventas medias del mes. A partir de entonces, todos los descuentos han sido asumidos por los empresarios con la promesa de recibir una devolución que, como te contamos, aún no ha llegado a más de un tercio de estas pymes.

Para solventar esta situación, las patronales han acordado con entidades bancarias privadas préstamos especiales a un tipo de interés muy bajo para que estas familias puedan sacar adelante sus negocios. Desde CEEES proponen, además, que el Gobierno lance "líneas de crédito ICO al 0% o ayudas directas".

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