La sequía de ingresos provocada por la crisis llevó a los Gobiernos que han pasado por La Moncloa en los últimos años a recortar fuertemente el gasto público entre 2009 y 2014 para intentar controlar un déficit totalmente desbocado, que llegó a superar el 11% del PIB en el año 2009. Primero José Luis Rodríguez Zapatero y después Mariano Rajoy fueron recortando las principales partidas, salvo las que aumentaban inevitablemente por la inercia de la crisis y algunas que parecen haber pasado la tormenta bajo el paraguas de estos dos Ejecutivos.
Esto es lo que ha sucedido con las destinadas a pagar las pensiones, los intereses de la deuda y el gasto energético, que aumentaron en conjunto en 47.824 millones entre 2009 y 2014, según un informe elaborado por el gabinete económico de CC.OO. a partir de datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Si se excluyen estas partidas, el recorte el gasto público alcanzó los 78.164 millones en ese periodo, el 8% del PIB.
El gasto en pensiones subió por la lógica del propio sistema, puesto que cada vez hay más pensionistas en España dado el aumento de la esperanza de vida y porque los nuevos pensionistas que ingresan en el sistema disfrutan de prestaciones más elevadas que las de los que lo van abandonando. Por su parte, el gasto en el pago de intereses se explica por el incremento de la deuda pública a lo largo de estos años para financiar un déficit tan alto.
Aquí se incluyen las primas a las eólicas, las partidas destinadas a financiar compensaciones por la reducción del déficit de tarifa o subvenciones vinculadas al uso del carbón nacional
¿Y el gasto energético? El encargado del área económica del sindicato, Manuel Lago, ha explicado a Vozpópuli que esta partida ha aumentado estos años por las mayores subvenciones y transferencias que se han hecho a las empresas privadas del sector para financiar la producción de combustibles y energía. Por ejemplo, aquí se incluyen las primas a las eólicas, las partidas para financiar compensaciones a las empresas por la reducción del déficit de tarifa o las subvenciones vinculadas al uso del carbón nacional para primar su uso frente al importado.
Gracias a estas subvenciones, el gasto energético no ha hecho más que subir durante los años de crisis, hasta el punto de que se ha multiplicado por más de cinco entre 2009 y 2014, al pasar de 1.049 millones a 5.969 millones. Las subvenciones a los productos, que aumentaron en 3.154 millones, y las transferencias de capital a otras empresas u organismos para financiar inversiones, que lo hicieron en 1.699 millones, explican prácticamente todo el incremento.
En cambio, las partidas de gasto destinadas a financiar otras políticas sectoriales como la agricultura, el turismo, el comercio o la industria se redujeron considerablemente durante ese mismo periodo. Por ejemplo, la inversión en infraestructuras de transporte se contrajo un 40% y la partida de la industria casi un 60%.
El gasto sanitario se recortó un 13,2% y el de educación un 14,9%
Y lo mismo ocurrió con las partidas principales de la educación y la sanidad. En concreto, el gasto sanitario total se redujo en 9.600 millones entre 2009 y 2014, un 13,2%, y el gasto en educación cayó en 7.394 millones, un 14,9%. La partida sanitaria que más se contrajo fue la de los servicios hospitalarios, que sufrió un recorte del 42%. En el caso de la educación, el gasto en la postsecundaria se recortó un 72,7%.
La política social destinada a ayudar a las familias con problemas para financiar su vivienda se contrajo un 60,4%
Dentro de la protección social la evolución ha sido diferente según las partidas. Así, mientras que el gasto en pensiones de jubilación creció un 26,9% y el de las pensiones de viudedad o enfermedad un 15,5%, el gasto en prestaciones por desempleo cayó un 21,9% debido al descenso de la tasa de paro, la reducción del número de parados con protección y la caída de las prestaciones.
También se contrajo el gasto en enfermedad e incapacidad, el gasto destinado al apoyo a las familias y la infancia y la política social de vivienda para ayudar a las familias con problemas para pagar su alquiler o su hipoteca. Según los datos, esta partida sufrió un fuerte recorte del 60,4% al pasar de los 1.048 millones de 2009 a solo 415 millones en 2014.
Lo mismo sucedió con casi todas partidas del gasto destinadas a la defensa, salvo la de ayuda militar en el extranjero por la participación de España en algunas misiones, y con las que sirvieron para financiar el orden público y la seguridad. En este caso, entre 2009 y 2014 solo se incrementaron ligeramente las cantidades que percibieron los servicios de protección contra incendios y las prisiones.
El medio ambiente, el ocio y la cultura también sufrieron los recortes
La protección del medio ambiente y el ocio, la cultura y la religión también sufrieron los recortes durante estos años, igual que las partidas para desarrollar la vivienda y los servicios comunitarios y las destinadas a financiar los servicios públicos generales, salvo la del pago de los intereses de la deuda, que se incluye en este mismo epígrafe y que se duplicó entre 2009 y 2014.
La IGAE aún no ha publicado los datos de 2015, pero la dinámica del gasto podría haber cambiado por las elecciones
Si el gasto se analiza por su naturaleza y no por su finalidad, el estudio pone de manifiesto que los capítulos que han soportado estos años los mayores ajustes dentro de todas estas partidas han sido la inversión y la remuneración de los empleados públicos. En concreto, el gasto en inversión se redujo en 40.569 millones en este periodo, un 61%, mientras que la remuneración de los funcionarios retrocedió en 10.626 millones, un 8,5%.
La IGAE aún no ha publicado los datos de 2015, pero los autores del estudio creen que la dinámica del gasto podría haber cambiado el año pasado tras años de duros ajustes y, sobre todo, por la coincidencia con la celebración de elecciones el pasado mes de diciembre.
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