La Generalitat de Cataluña ha pedido al Gobierno de Pedro Sanchez que reparta entre las autonomías una parte del espectro 5G que se subastará antes del mes de junio, tal y como ha podido confirmar Vozpópuli con fuentes cercanas al Ministerio de Economía y también con la propia Generalitat.
Cataluña pretende de esta forma que los canales de comunicación de los servicios de seguridad (principalmente Mossos d'Esquadra) y de emergencia, ambos de vital importancia para el ciudadano, vayan por un espectro radioeléctrico independiente para garantizar la estabilidad y seguridad en las comunicaciones.
La demanda ha sido planteada por el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Cataluña, quien también ha solicitado que se reserve otra parte del espectro para la llamada Industria 4.0. Un concepto que vendrá de la mano del 5G, y que tendrá como máximos exponentes el coche conectado e Internet de las Cosas (IoT).
En Alemania se ha reservado una porción del espectro 5G para el sector privado. Siemens y Bosch ya han solicitado licencia de uso
En este caso se reclama el espectro por la importancia competitiva que para el sector tiene, entre otras cosas, la protección del secreto industrial. Se trata de un movimiento que ya ha ejecutado Alemania. El Gobierno germano ha reservado una porción del 5G para el sector privado. Siemens y Bosch ya han solicitado licencia de uso.
La Generalitat ya mostró interés por el 5G en la consulta pública realizada sobre esta tecnología. El documento refleja que varios operadores de telecomunicaciones y tecnológicas (Telefónica, Vodafone, Orange o Cellnex, entre otras) plantearon propuestas sobre esta tecnología al Gobierno de Sánchez, pero también, y de forma inédita, el Ejecutivo catalán. Un documento que no refleja el contenido de dichas propuestas, pero este medio ha podido confirmar que en el caso de la Generalitat se solicitó un reparto de espectro regional y también una porción de frecuencia para la Industria 4.0.
En concreto, el texto de la consulta pública refleja que "se han recibido diez aportaciones de la Generalitat de Cataluña, Ericsson España, de los operadores Orange, Vodafone, Telefónica, MásMóvil, y de Cellnex Telecom, DigitalES, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Unión de Radioaficionados Españoles (URE). Dichas aportaciones hicieron patente el interés de los operadores en adquirir derechos de uso en la banda de frecuencias 694–790 MHz y al mismo tiempo en que se garantizasen unos límites en la disponibilidad de espectro en esta banda que permitan prestar de manera adecuada y extendida servicios 5G, promover la competencia en la prestación de los mismos y evitar el acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico".
La subasta del 5G
Según los planes del Ministerio de Economía, la subasta de la frecuencia más importante para el 5G (banda de los 700MHz) se producirá antes de junio, tal y como establece la hoja de ruta de dicha cartera para el desarrollo de las nuevas redes de telecomunicaciones. Una subasta a la que acudirán con cierta cautela Telefónica, Vodafone y Orange pero que contará con la ausencia de MásMóvil, tal y como explicó Meinrad Spenger, su máximo responsable, la semana pasada en la presentación de resultados.
El reparto de frecuencias 5G es la antesala del servicio comercial de esta tecnología. La banda de los 700MHz es la que permitirá que la señal se propague de forma más eficiente dentro de los edificios. Vodafone ya ofrece tarifas 5G, pero no a pleno rendimiento. Para un aprovechamiento total de esta tecnología se necesita la mencionada banda de los 700MHz.
Durante el verano de 2018 se subastó otra de las frecuencias capitales para ofrecer el servicio, la de los 3,4-3,8GHz. Una banda aún no repartida casi dos años después de la puja.
El motivo es que este espacio radioeléctrico cuenta con las bandas de varios radares del ejército en medio, lo que impide el reparto de frecuencias entre los operadores, una situación especialmente problemática para la ministra de Economía, Nadia Calviño. Los militares deben abandonar esa franja pero se trata de algo que tiene un coste millonario (más de cien millones), algo que Defensa se niega a asumir. La ausencia de presupuestos tampoco ayuda a aliviar la situación, extremo del que ya se ha hecho eco este medio.
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