El cierre previsto para el mes de diciembre de la planta de Nissan en Barcelona sigue dando mucho que hablar, con acusaciones desde la Generalitat catalana de deslealtad de la empresa japonesa hacia Cataluña en general por la decisión del cierre sin aportar además motivos objetivos. Así, la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, ha exigido a Nissan que presente la memoria justificativa con las razones que le llevan a cerrar las plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca a finales de este año.
Chacón ha tachado de "desleal" la actitud de la multinacional nipona al decir que ni siquiera ha respondido a la propuesta del Gobierno y la Generalitat para aportar 100 de los 400 millones que costaría fabricar un nuevo vehículo eléctrico en Cataluña, evitando así el cierre de las plantas. Ha lamentado no tener una interlocución directa con Japón, y ha criticado que la dirección de la automovilística anunciara a las Administraciones el cese de actividades en Barcelona a través de una breve videoconferencia de los responsables europeos.
Asimismo ha señalado el malestar con la multinacional nipona que en los últimos 20 años ha recibido por parte del Govern 53 millones de euros en préstamos y otros 32 millones en ayudas, de las que 18 son directas y vinculadas a nuevos proyectos de inversión. Por ello, cree que el caso de Nissan debe llevar a reflexionar de qué manera las Administraciones tienen que tener más incidencia en la capacidad y en la toma de decisiones de las empresas que han recibido ayudas públicas.
"Esta reflexión la tenemos que poder hacer todos conjuntamente, lo vemos en otros Estados: la incidencia del Estado francés en Renault, la de algunas regiones alemanas sobre Volkswagen, y esto acaba siendo convertir las ayudas en participación", apunta el titular de Trabajo de la Generalitat. En comparecencia ante el Parlament, el presidente del comité de Nissan en Barcelona, Juan Carlos Vicente, ha relatado todas las reducciones salariales a la plantilla de Nissan, y ha recordado que la empresa ha recibido en los últimos años 154 millones de euros en ayudas gubernamentales que "han caído en saco roto".
Ha aprovechado la comparecencia para pedir al conjunto de fuerzas políticas que se pongan "las pilas" y se impliquen para evitar el cierre de la compañía en Cataluña, ya que "este Govern no puede permitirse que 25.000 personas se queden en la calle", contando los 3.000 trabajadores de Nissan y su empresa auxiliar.
Por su parte, el secretario general de Sigen-USOC en Nissan, Miguel Ruiz, ha asegurado que la compañía prevé cerrar sus plantas catalanas porque hacerlo en otros países "es más difícil" y porque, "a lo mejor, no se han hecho bien las cosas" en España.
16.000 empleos afectados
Con el expediente de regulación de empleo ya presentado, el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, ha asegurado que este ERE para despedir a 2.525 trabajadores demuestra que la planta es viable porque aduce causas organizativas y productivas y no motivos económicos. Lo ha afirmado a los medios a las puertas del Parlament, donde ha detallado que el departamento que lidera ya se ha puesto en contacto con las partes implicadas para convocarlas la próxima semana a una reunión de mediación y tratar de encontrar una salida consensuada al cierre de la multinacional.
Homrani se ha expresado en estos términos después de que Nissan presentara ante la consellería un ERE para despedir a un total de 2.525 trabajadores de los 3.006 empleados de su plantilla y cerrar sus plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, lo que afectará a más de 9.000 trabajadores indirectos en Cataluña y a 5.000 en el resto de España. "Es un ERE que puede tener una afectación global de más de 11.000 trabajadores en Cataluña y 16.000 en toda España", ha alertado.
Según el conseller, este ERE reafirma la posición que han mantenido las administraciones, agentes sociales y económicos, patronales y sindicatos de que la planta de Nissan en Cataluña es viable porque no se ha presentado por motivos económicos, sino que se enmarca en una decisión estratégica de la compañía. Por ello, ha garantizado que su consellería tratará de hacer mediar a las partes, a quienes ya han contactado para negociar.
"Ante las limitaciones del marco normativo y de las reformas laborales, tenemos muy claro que la única vía para poder hacer frente a esta situación y poder superarla está ligada a la mediación, al diálogo y a la negociación", ha enfatizado.
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