En el Programa de Estabilidad que envió el Gobierno a Bruselas el pasado mes de abril, el Ejecutivo se comprometió a diseñar un nuevo impuesto para las grandes empresas tecnológicas con el que pretende recaudar 600 millones extra ya en 2018 que ayudarán a pagar las pensiones. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, se ha mostrado incluso más optimista y ha dicho que están preparados para recaudar incluso más de 1.000 millones con la conocida ya como 'tasa Google'. Los técnicos del Ministerio, en cambio, no están de acuerdo y avisan de que la nueva figura, como mucho, aportará 300 millones este año.
En una conversación con Vozpópuli, los técnicos explican que los cálculos que ha incluido el Gobierno en el Programa de Estabilidad parte de la directiva de la Comisión Europea que pasa por gravar a un tipo del 3% los ingresos de las tecnológicas que facturen más de 750 millones. En realidad, proponen un umbral de entre el 1% y el 5%, pero se inclinan por el 3%. La figura aportaría unos 5.000 millones de euros al año a todos los socios europeos.
Teniendo en cuenta el peso de nuestro país en Europa, que está entre el 10% y el 12%, a España le corresponderían los 600 millones al año que ha incluido el Gobierno en el documento enviado a las autoridades comunitarias. No es la forma exacta de calcular la recaudación que podría generar el impuesto, pero sí para hacer una aproximación. En 2019, el Gobierno espera obtener 1.500 millones, pero hay que recordar que en el Programa de Estabilidad se hablaba de más de un impuesto, sin concretar qué otras medidas se están estudiando y cuánto aportaría cada una.
La figura podría recaudar 600 millones en todo un año, pero si se aplica desde julio como mucho logrará 300 millones
Los técnicos dan esta cifra de 600 millones al año como buena, pero recuerdan que el impuesto entrará en vigor en el mes de julio, como pronto, así que en 2018 aportará, como mucho, 300 millones, la mitad de lo estimado por el equipo de Cristóbal Montoro. Las nuevas figuras impositivas no pueden tener nunca carácter retroactivo y tienen que crearse a través de un proyecto de ley que debe pasar por el Parlamento, no vía decreto. Aún por el procedimiento de urgencia, parece difícil que se pueda aplicar antes de julio.
No es el único problema que genera este impuesto. Hacerlo de forma unilateral y no a la vez que otros países, va a ser complicado. Si se pretende hacer tal y como lo quiere Europa, el nuevo impuesto será deducible en Sociedades para evitar la doble imposición. Esto es así porque las empresas tendrán que pagar por los ingresos allí donde los generen, pero también Sociedades en el país en el que están establecidas. Al permitir que sea un gasto deducible, se evita la doble imposición.
Actuar solos
Cuando todos los países tengan el impuesto en vigor, será sencillo aplicarlo. Según los técnicos, las empresas pagarán todos los impuestos allí donde estén establecidas y el país en cuestión, por ejemplo Irlanda, será el que diga cuánto de lo pagado corresponde a otros territorios, como España. Por eso hacerlo de forma unilateral anticipándose al resto, parece, a priori, complicado. Al menos, se necesitaría que diez países forzaran el sistema de cooperación reforzado para que haya acuerdo antes en Europa.
Lo que puede hacer, hasta que eso ocurra, es crear otra figura y gravar la publicidad de empresas españolas en esas empresas tecnológicas, como hace Francia, pero una figura así recaudaría aún mucho menos que esos 600 millones y no tendría el mismo sentido. En definitiva, que aunque España tenga prisa para aprobar un impuesto nuevo para obtener rápidamente ingresos para pagar las pensiones, lo cierto es que todo apunta a que va a ser más complicado de lo que parece.
La figura aún no se ha concretado, pero el Gobierno sí ha dicho que seguirá los principios de la directiva europea
Lo cierto es que poco se conoce aún de la nueva figura. En el Programa de Estabilidad, el Gobierno habla de un nuevo impuesto sobre "determinados servicios digitales" y se limita a decir que seguirá los principios recogidos en la propuesta de directiva presentada por la Comisión en marzo y que pretende superar las deficiencias de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde crean valor añadido.
Se aplicará únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales y no a las pymes. Y solo gravará por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales, que son los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes. El ministro de Economía y Competitividad, Román Escolano, dijo este martes que espera que el impuesto se pueda poner en marcha cuanto antes, pero en paralelo a otros países. "Es un tema de justicia muy compartido", dijo.
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