Economía

Gestha: 450.000 nuevos hipotecados se podrían ahorrar más de 1.100 millones al año

Cada nuevo hipotecado se ahorrará, de media, unos 2.500 euros al no tener que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), un impuesto que, a partir de este viernes, tendrán que asumir los bancos

¿Estás pensando en comprar una casa? ¿Quieres saber cómo te afectará el cambio que aprobará el Gobierno este viernes en el Consejo de Ministros? Cada nuevo hipotecado se ahorrará, de media, unos 2.500 euros al no tener que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), lo que hará que 450.000 nuevos hipotecados se ahorren más de 1.100 millones al año.

Así se desprende de los cálculos que han hecho los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) tras conocer la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modificar el artículo 29 de la ley hipotecaria para que sea la banca quien pague el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas tras el cambio de criterio del Tribunal Supremo este martes y atribuir el pago al cliente.

Los técnicos consideran que, desde el punto de vista técnico-tributario, las sentencias del Tribunal Supremo estaban muy fundamentadas cuando señalaban a las entidades financieras como obligadas al pago de este tributo. Y destacan lo "inédito" que resulta una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas, generando una crisis de credibilidad en la Justicia española sin precedentes.

Inseguridad jurídica

Asimismo, Gestha recuerda que nunca se ha discutido que el hecho imponible del AJD en los préstamos hipotecarios es la constitución de la garantía hipotecaria, cuya escritura insta la entidad en su interés, y la ley estatal vigente establece que el obligado al pago es el interesado en la expedición de la escritura y, por tanto, debe ser el banco quien pague.

De forma paralela, opinan que el fallo del Alto tribunal, después del cambio de criterio y la división de opiniones de los magistrados, genera inseguridad jurídica y agrava el descrédito de algunas instituciones públicas, lo que en última instancia podría traducirse en una desconfianza de los ciudadanos en torno a la independencia del poder judicial.

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