Las grandes empresas energéticas cierran el año pendientes del Senado. El gravamen temporal a sus ingresos, más conocido como 'impuestazo' del Gobierno, se votará el próximo 22 de diciembre. Según ha podido saber Vozpópuli, los principales partidos de la oposición han enviado a la Cámara alta sus enmiendas para que el proyecto de ley siga modificándose.
Unas enmiendas que todavía se mantienen en secreto, pero sí se conocen los argumentos del Gobierno para convencer a los senadores de que deben aprobar esta proposición de ley. Además de los ya conocidos "beneficios extraordinarios" que denuncian desde el PSOE y Unidas Podemos, las energéticas son un sector que se caracteriza por gastar poco en personal y en centrarse en pagar bien a sus accionistas, según en el texto remitido al Senado.
Un hecho que comparten con los bancos, el otro sector afectado por el impuestazo. El texto apunta que el energético es un sector con un menor peso de sus gastos de personal respecto del valor añadido que generan respecto de otros sectores económicos.
Así, frente a un 52,73 % que representan los gastos de personal sobre el valor añadido de las grandes empresas en el ámbito de las sociedades no financieras en su conjunto, en el caso de las grandes empresas del sector extractivo y de la energía el porcentaje se sitúa tan solo en el 25,1 % y en el caso de las grandes entidades de crédito en el 30,1 % de su margen bruto. Todo ello según la estadística de Cuentas Anuales del Impuesto sobre Sociedades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 2019.
"En consecuencia, el reducido peso relativo de los gastos de personal en estos sectores es un segundo factor que justifica para que realicen una especial aportación al pacto nacional de rentas", explica el texto remitido al Senado. Las expectativas recaudatorias anuales de 2.000 millones con el impuestazo para el sector energético "no parece que supongan un importe desproporcionado si se consideran los beneficios pasados o estimados para los próximos años y dividendos distribuidos a los accionistas", recuerda también el texto.
Las empresas del sector energético defienden a este medio que este argumento es "peligroso" y "demagogo". El sector justifica un valor añadido bruto de forma indirecta e inducida de 59.000 millones de euros. Con los últimos datos disponibles del INE de 2016, la contribución del sector en términos de empleo total fue de 300.000 puestos de trabajo.
El reducido peso relativo de los gastos de personal en estos sectores es un segundo factor que justifica para que realicen una especial aportación al pacto nacional de rentas”
El sector afirma que, con cada empleo directo, se crean cerca de ocho empleos adicionales en el conjunto de la economía española y, por cada euro de contribución directa, se generan un total de más del doble de euros adicionales. Con respecto al golpe, las empresas del sector afectadas por este impuesto recuerdan que todavía no han logrado compensar las pérdidas de la pandemia y que su margen se contrae significativamente con este castigo a sus ingresos.
El Gobierno apunta a 9.000 millones
Los datos que presenta en el Senado el Gobierno se fundamentan en lo publicado por las compañías en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "En 2021, los cuatro grandes grupos del sector integrados (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) en el Ibex 35 lograron 9.000 millones de beneficios", señalan. Por otra parte, apuntan que la tasa de crecimiento del volumen de operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el primer trimestre del año del sector se sitúa cerca del 70% respecto del mismo periodo del año anterior.
Unas cifras que les permiten señalar que en sectores como el de las industrias extractivas y de energía, los márgenes empresariales "se han recuperado vigorosamente tras la caída de 2020 y en el primer trimestre de 2022 se situaban por encima de sus niveles prepandemia". En este entorno alcista de los precios, recuerdan que la International Energy Agency (IEA) estima en 200.000 millones los beneficios para el sector en Europa.
Otro de los puntos que se detallan en este documento es por qué han decidido castigar los ingresos y no los beneficios, en contra de las recomendaciones de la Unión Europea. "Que la prestación se calcule sobre la cifra de negocios en el caso del sector energético (...) permite que la aportación por los grandes grupos económicos que los integran se realice de forma aproximada a su cuota de mercado en cada sector, lo que garantiza una distribución equitativa del gravamen en cada uno de ellos", exponen.
Es decir, las empresas del sector eléctrico, gasista y petrolero, deben asumir el pago de un 1,2 % de su cifra de negocio en los próximos dos años para que cada grupo responda por su cuota de mercado. Así lo justifican desde el Gobierno. El 22 de diciembre se debatirán estos argumentos en el Senado y, si se aceptan las nuevas enmiendas, el Congreso debería convocar un pleno antes de 'fin de año' para que el impuestazo pueda estar vigente antes del 1 de enero.
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