El Gobierno no ha logrado adjudicar 7.500 millones de euros de los fondos UE Next Generation (NGEU), remanentes que acumula hasta ahora y que tendrá que intentar reasignar antes de 2026. La cifra amenaza con duplicarse y alcanzar los 15.000 millones sólo en la Administración General del Estado (AGE), según datos recopilados por la consultora Llorente y Cuenca (LLYC).
En cuestión de seis meses la cifra ha aumentado en unos 1.000 millones de euros, evidenciando un problema para adjudicar algunos fondos UE, con convocatorias total o parcialmente desiertas. "Es importante que el Gobierno asegure, si es preciso mediante la repetición de convocatorias y licitaciones, que la inversión prevista llegue a concretarse", señalan desde LLYC.
Esto no es un problema único de la AGE, aunque al gestionar dos de cada tres euros de los fondos europeos Next Generation EU, es en esta administración donde se concentra la mayor parte del dinero. Si se suman las cuantías que han quedado desiertas en el ámbito de las comunidades autónomas, la cifra podría alcanzar al final del periodo los 21.600 millones de euros, un 25% de los 80.000 millones que España captará de fondos UE no reembolsables.
Este dinero acumulado en remanentes no se pierde, puede volver a convocarse, pero siempre con el plazo máximo marcado por la Comisión Europea del 31 de agosto de 2026. “Debería poderse cambiar la estructura de gastos decidida a priori y aplicar los fondos restantes o remanentes en aquellos destinos donde pueden ser mejor aprovechados”, apuntan desde Llorente y Cuenca.
Los cálculos de la consultora apuntan a que de los 163.000 millones de los fondos UE promovidos tras la pandemia que España puede repartir, se han adjudicado 42.642 millones, de los que a su vez se han pagado ya a los destinatarios 33.000 millones. Tal y como explica LLYC, no se suele pagar hasta que no se justifica adecuadamente que se ha realizado un proyecto.
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