El Gobierno asegura que se han adjudicado ya el 75% de los fondos presupuestados para el Plan de Recuperación entre 2021 y 2022, que serían unos 39.500 millones. Esto es lo que en el Ejecutivo denominan "obligaciones reconocidas", es decir, convocatorias resueltas o adjudicadas a un beneficiario. Sin embargo, esto no significa que ese dinero se haya pagado, tal y como ha explicado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior a la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia junto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin facilitar datos de ejecución real, en Contabilidad Nacional, que dio por última vez la IGAE en septiembre de 2021 sobre agosto de ese año. "Que en el 75% de las partidas se sepa el beneficiario ya es un buena noticia, porque mas allá de cuándo le das el billete, el pago, que es la última parte, esta persona puede mover la operación y la obligación empieza a correr. De hecho el pago no siempre se hace al principio, sino cuando se justifica la factura. Luego están los anticipos, que depende de cada convocatoria", ha comentado Montero, aludiendo a que ése es el dato que "hay que mirar", el 75% de ejecución.
Sin embargo, incluso en aquellas convocatorias en las que el Gobierno se ha comprometido a anticipar el pago, se han dado casos de retrasos. Un ejemplo reciente es la primera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico, donde los desembolsos se retrasarán dos meses, según las previsiones del propio Ministerio de Industria y las empresas se han quejado de que no pueden iniciar los proyectos comprometidos y afrontan desde hace meses la carga financiera de los costes de los avales.
Por otra parte, Montero ha asegurado que se han "autorizado" un 90% de los fondos presupuestados para los dos primeros años del Plan, es decir, unos 47.271 millones de un total de 52.523 millones, y los 5.200 millones de remanentes de esos años, según Montero, se pueden autorizar "en cualquier momento" y así se hará a lo largo de los siguientes ejercicios. "Nunca España ha perdido ni un euro de los fondos que se han puesto a su disposición", ha asegurado. Calviño, por su parte, ha reiterado que estos fondos tendrán un impacto en la economía de 2,6 puntos porcentuales de media en la década 2021-2031.
Próximos pagos
El Gobierno vive un momento 'clave' en su gestión de los fondos europeos, asociados a un Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Por un lado, España debe haber cumplido algunos de los hitos más importantes para seguir recibiendo dinero, como tener disponible un sistema que integre toda la información acerca de la ejecución, haber cerrado la segunda parte de la reforma de las pensiones o haber invertido 1.200 millones en proyectos estratégicos. Por otro, debe plantear nuevos objetivos para captar más fondos de los que hasta ahora tiene asignados a través de una adenda a dicho Plan.
De los hitos antes mencionados, sólo el primero (el funcionamiento de la herramienta CoFFEE para controlar la gestión y ejecución de los fondos, que debía estar operativa desde 2021) condicionará el siguiente desembolso, que España ya ha solicitado y al que Bruselas dará 'luz verde' esta misma semana. Sin embargo, esta decisión se verá 'empañada' por la visita de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que aterrizará el próximo lunes en España para fiscalizar el destino de los fondos.
La visita de los hombres de negro llega en un momento delicado para los Ejecutivos español y comunitario, con el aval al tercer tramo de reformas e inversiones previo al pago de 6.000 millones pendiente y una vez que ha vencido el plazo que tenía la Comisión, el 11 de febrero, lo que ha generado inquietud en Moncloa, según ha podido saber Vozpópuli. A lo que se suma la preparación de la adenda y, sobre todo, el retraso de España con la última parte de la reforma de las pensiones, que tenía que haber aprobado antes del 31 de diciembre y que es clave para el cuarto tramo, cuya petición de desembolso prepara Calviño.
Además, tras un primer informe negativo sobre la aplicación y evaluación del primer año del Plan de Recuperación español (2021), publicada el pasado mes de octubre, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sigue analizando su ejecución y avanzó hace unos días que está detectando más "puntos débiles". También la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha iniciado investigaciones sobre irregularidades con los fondos europeos, aunque por el momento no ha detallado de qué países se trata.
De hecho, el Tribunal de Cuentas, con su informe sobre España, ha 'obligado' a Bruselas a trabajar en una fórmula para realizar pagos parciales a los Estados Miembros que no cumplan alguno de los hitos u objetivos de sus Planes, como podría ser el caso de España. La directora general del grupo de trabajo de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, Céline Gauer, aseguró la semana pasada que presentarán esta metodología para los pagos parciales "en un plazo brevísimo de tiempo".
Refuerzo de las AAPP
Uno de los problemas radica en el control efectivo del dinero europeo a través de la denominada plataforma CoFFEE. Este sistema es una pieza clave en el desarrollo del Plan, pues se constituye como el canal por el que deben pasar todos los registros de convocatorias, solicitantes y beneficiarios, permitiendo centralizar toda la información y detectar dónde en qué punto se encuentra el dinero europeo. Pero para estar operativo necesita que las CCAA y sobre todo los ayuntamientos la ‘alimenten’, y la falta de medios y conocimiento lo impide.
En este sentido, la empresa pública Tragsa ha iniciado la contratación de cientos de trabajadores que ayuden a los funcionarios a utilizar esta herramienta y desatascar los fondos europeos. Se trata de contratos temporales, con una duración de 48 meses, que es lo que dura el encargo efectuado por el Gobierno de dar "soporte técnico y asistencia" a las Administraciones Públicas.
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