Economía

El Gobierno no deja que la Airef examine sus políticas antes de aplicarlas

El Gobierno no quiere que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que como su propio nombre indica es independiente del Ejecutivo, se ocupe de la evaluación ex ante (previa)

El Gobierno no quiere que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que como su propio nombre indica es independiente del Ejecutivo, se ocupe de la evaluación ex ante (previa) de las políticas públicas.

Según ha recogido en su Plan de Recuperación enviado a Bruselas, concretamente en el Componente 29 para la 'Mejora de la eficacia del gasto público' y en el Componente 11 de 'Modernización de las Administraciones Públicas', será el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP) el que se ocupe de esta labor.

Este Instituto fue creado a principios del año 2020 y, a diferencia de la Airef, no es independiente, sino que está adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es decir, al propio Gobierno. El Ejecutivo no descarta transformarlo en "un organismo con alto grado de autonomía", recogen, "posiblemente una agencia estatal", pero que seguirá siendo dependiente.

Estará encargado de la "realización de aquellas otras evaluaciones ex ante de políticas públicas que el Gobierno le encomiende. Esta función se realizará sin perjuicio de las competencias en materia de evaluación ex post ejercidas por la Airef, con la que se mantendrá la necesaria coordinación", reconocen.

Aunque el Gobierno dice haber "asumido el compromiso de llevar a cabo una revisión del gasto público", ya que "únicamente a través de esta manera se conseguirá llevar a cabo una revisión integral que permita detectar posibles ineficiencias"; a la Airef sólo le dejará revisar las políticas ex post, es decir, "analizar intervenciones de política pública ya realizadas, realizados por organismos políticamente independientes, públicos y privados, con el objetivo de medir el impacto de una política en determinados indicadores".

Evitan oír que una política no es recomendable

Evitan así que esta institución pueda decir antes de que se aplique una política que no es recomendable hacerlo y verse en la tesitura de desoírla o bien de escucharla y cambiar sus políticas; ya que se puede presumir que un Instituto dependiente del Gobierno difícilmente le disuadirá a éste de aplicar cualquier política.

Éste será el que se ocupe de las evaluaciones previas, "mediante las que se incorpora al proceso de elaboración de las políticas públicas un ejercicio de análisis de impacto a partir de simulaciones o previsiones sobre sus efectos en determinadas variables de interés, de tal manera que antes de la puesta en marcha de la política se puedan calibrar -con la mayor precisión posible- los parámetros que definan la intervención pública para hacerla más eficiente".

En Europa, las Airef hacen ambas evaluaciones

Las autoridades independientes fiscales en Europa -las Airef de otros países- se ocupan normalmente tanto de la evaluación ex ante como de la evaluación ex post, pero en España el Ejecutivo ha preferido que la Airef sólo asuma una de esas dos funciones.

Sí es cierto que esta función de revisión del gasto a posteriori ha sido muy reforzada en el Plan enviado a Bruselas. De hecho, se ha confirmado que el Gobierno va a encargar a la Airef nuevos estudios de evaluación del gasto público (Spending Review) por otros tres años, como adelantó Vozpópuli.

Para ello, se modificará el Estatuto de la Airef y se creará una división específica en la institución que asumirá ese rol de evaluador de las políticas públicas de forma permanente, dotado de los recursos necesarios para ello.

El Ejecutivo da respuesta así a una de las principales demandas de la institución que preside Cristina Herrero, que llevaba tiempo pidiendo un refuerzo en recursos y presupuestos para poder afrontar la tarea de revisar el gasto público.

Pese a que no será la Airef quien pueda dar veredicto de las políticas antes de que se apliquen, es positivo que con este plan se dé más importancia a la evaluación del gasto público.

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