El Gobierno sigue buscando un solución para la crisis que vive la productora de aluminio estadounidense, Alcoa, en España. Según explican fuentes conocedoras del proceso, el Ejecutivo ofrece subir las compensaciones al sector por costes de emisiones de 76 a 95 millones de euros. El principal objetivo de esta medida proteger al sector pero, sobre todo, a la fábrica de Alcoa en San Ciprián (Lugo).
Como detallan estas propias fuentes, "el propio Gobierno comentó la posibilidad de ampliarlas hasta los 100 millones si había disponibilidad presupuestaria, aunque finalmente la propuesta será levemente inferior". Esta ayuda es para los consumidores electrointensivos, aquellas industrias para las que la electricidad es un factor primordial en su proceso, y va con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por los costes indirectos de las emisiones de efecto invernadero que se repercuten en la factura eléctrica.
Tanto el Gobierno como la compañía prefieren guardar prudencia en este proceso. No obstante, Alcoa asegura a este medio que "no existe una negociación como tal", explican. "Nosotros avisamos que con estas precios energéticos no podemos competir. En 2018 tuvimos unas pérdidas de 48 millones de euros y la evolución de este año es aún peor", aseguran desde la compañía.
En 2018 tuvimos unas pérdidas de 48 millones de euros y la evolución de este año es aún peor"
Alcoa explica que la energía eléctrica supone un 40% de sus costes de producción. "Pedimos tener un coste de energía similar a nuestros competidores. Francia y Alemania pagan entre un 20 y un 30% menos en energía", matizan desde la compañía. Un escenario que pone en alerta a su fábrica más moderna como es la de San Ciprián (Lugo).
"No hemos hablado nunca de cierre de San Ciprián, sólo decimos que existe riesgo", destacan. Esta planta, la mayor de Alcoa en España, da empleo a 1.300 trabajadores de manera directa y a 600 a través de empresas auxiliares. Una cifra que suponen más del doble que las otras dos fábricas de Alcoa juntas. ya que A Coruña tiene 369 trabajadores y Avilés cuenta con 317. Ambas fábricas vivirán un despido colectivo de 300 empleados si la compañía no encuentra uno o varios compradores antes del mes de junio.
"No es suficiente"
El aumento por las compensaciones por costes de emisiones indirectas hasta los 95 millones es considerado insuficiente por los propios sindicatos. Según explican desde CCOO a este medio, esta partida tendría que aumentarse hasta los 200 millones de euros que "es el máximo autorizado por la Comisión Europea".
Esta compesación se incluye dentro del borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, una batería de rebajas en los costes eléctricos que pretenden evitar la deslocalización de empresas, problemática que evidenció la crisis de Alcoa. Este borrador está en consulta pública desde el pasado 18 de marzo y ofrece la oportunidad, hasta este miércoles, de que los representantes del sector propongan modificaciones.
Los principales puntos, además de la compensación por emisiones indirectas, son la ayuda a aquellas grandes consumidoras que participan en la subasta de interrumpibilidad, sistema por el que se retribuye a las empresas por desconectarse de la red en caso de que el operador lo solicite, como es el caso de Alcoa. Otro punto que propone el Gobierno es fomentar que las grandes consumidoras firmen contratos con las eléctricas por diez años para abaratar el coste energético.
CCOO propone para este borrador incluir la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución y del 95% del impuesto eléctrico. Y, entre otras medidas, la compensación del coste de financiación de las energías renovables en las tarifas de acceso.
A cambio de estas concesiones, el Gobierno exige que las empresas mantengan durante tres años su actividad, que contraten a plazo un 10% del consumo, realizar inversiones en eficiencia energética y someterse a evaluación ministerial. "Este borrador no es suficiente para la viabilidad del sector en España", sentencian desde Alcoa. El objetivo de este decreto es que se apruebe el 26 de abril en el consejo de ministros. Por su parte, la compañía necesita soluciones antes de junio.
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