Casi tres meses después de que el Ejecutivo se comprometiera con los agentes sociales a iniciar una mesa de diálogo sobre la economía sumergida, no se ha dado ningún paso en esta dirección. Así lo confirman desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde otorgan una importancia capital a este problema, que -estiman- asciende a entre el 20-25% del PIB.
El Gobierno trasladó el pasado julio a los representantes de la CEOE y de los sindicatos mayoritarios su voluntad de apoyar el diálogo social y de constituir varios grupos de trabajo para reformar marco de relaciones laborales y negociación colectiva, así como para poner las bases del nuevo Estatuto de los Trabajadores. También expresó su voluntad de iniciar un debate sobre la lucha sobre la economía sumergida; sin embargo, todavía no se ha constituido ninguna mesa sobre este tema, explican desde la CEOE.
A este respecto, cabe señalar que el Gobierno y la patronal han hecho públicas sus diferencias con respecto a las formas por las que el Estado podría disponer de más recursos. Los empresarios han sido críticos con los 'globos sonda' de Moncloa, con los que ha aireado su intención de crear un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, otro para las tecnológicas, una tasa al gasóleo u otra específica para la banca. También muestran su oposición a la idea de aumentar el impuesto de sociedades; y observan con reticencias ideas como la que pasaría por eliminar las SICAV o las SOCIMI.
A su juicio, sería más eficiente y más justo redoblar la lucha contra la economía sumergida, que supone unos 180.000 millones de euros y 4 millones de empleos, según los cálculos expresados en un informe publicado por la CEOE el pasado julio, en el que atribuyen la actividad 'en negro' a la "alta tributación" y a la "proliferación descontrolada y descoordinada" de leyes en España, que "desanima" a quienes ejercen una actividad con poco volumen de facturación a "ajustarse a la legalidad".
Sobre la economía sumergida
Pese a los datos que ofrece la CEOE en su informe -a partir de varios trabajos de fuentes externas-, lo cierto es que hoy por hoy no hay cálculos oficiales sobre el nivel de economía sumergida. Ningún gobierno ha querido meterse en ese jardín. Sí hay algunas estimaciones elaboradas por sindicatos o servicios de estudios. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), por ejemplo, aseguran que todos los informes sitúan la economía sumergida entre el 20% y el 25% del PIB en España, lo que significa se dejan de recaudar cerca de 80.000 millones cada año por este motivo.
Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) publicado en junio de este mismo año sitúa este tipo de economía en ese mismo entorno. Además, se da un poco más de información y se dice que España se sitúa en una mala posición si la referencia es la OCDE o la UE-15, pero se acerca a la mediana al abrir el abanico, para incluir a los países con niveles de desarrollo claramente inferior integrados en la UE-28.
¿Cómo abordar el problema?
El informe va un poco más allá y asegura que hay cinco factores que influyen y mucho en el volumen de economía sumergida en cada país: la presión fiscal, la facilidad a la hora de ocultar la actividad realizada, la ineficiencia reguladora, la intensidad en el control y represión de la economía sumergida y la moral fiscal de los ciudadanos. Son cinco factores que podrían servir de base a esta mesa de trabajo --si un día arranca--, para abordar este problema.
Son muchos los expertos que consideran que en España el análisis sobre la dimensión del fraude fiscal y la economía sumergida precisa de mucha más atención para conocer el mejor el problema y las causas para definir la estrategia de actuación. De hecho, se ha pedido al Gobierno en numerosas ocasiones que elabore una metodología para estimar este tipo de actividad y adoptar medidas eficaces. Pero todo apunta a que España volverá a perder este tren.
En cualquier caso, cabe precisar que el fenómeno de la economía sumergida engloba las operaciones productivas que permanecen ocultas a la Administración Pública, que tratan de evitar su fiscalización, eluden el pago de las cuotas a la Seguridad Social e incumplen las normas laborales o administrativas. ¿Hay mucha economía de este tipo en España? Lo cierto es que cuantificarla no es fácil por un motivo obvio: se trata de actividades que persiguen, precisamente, escapar al control público.
Desidia con la formación
Más allá de este asunto, desde la CEOE inciden en que apenas si se han producido contactos formales entre empresarios, trabajadores y Gobierno desde julio. Eso ha retrasado la puesta en marcha del diálogo sobre uno de los puntos prioritarios para la patronal, como es el de la "formación".
En este sentido, cabe recordar que en el Acuerdo sobre la negociación colectiva, rubricado el pasado julio, patronal y sindicatos emplazaron a las Administraciones a llegar a un pacto en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, "que contribuya a proporcionar a los trabajadores las competencias, conocimientos y prácticas necesarias para mejorar su cualificación profesional, atendiendo a las necesidades del tejido productivo y favorezca la productividad y competitividad de las empresas".
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