Carmelo Ordóñez, el juez a cargo del juzgado mercantil de Ciudad Real, insta a los Ministerios de Interior, Defensa, y Fomento, y también a Aena, Aesa y a la Administración de Ciudad Real, a impulsar todos los trámites necesarios cuanto antes para poner en marcha el aeropuerto de la región, inoperativo desde el año 2012.
En un auto dictado hoy, 19 de septiembre, el magistrado da por hecho que Rafael Gómez Arribas, el empresario que se adjudicó el aeropuerto hace dos años, pero que todavía no lo ha pagado, va a conseguir antes de que termine el año el dinero necesario, 54,5 millones de euros, para culminar la compra.
Por esa razón, en el auto, contra el que no cabe recurso, el juez ordena el envío de dicha resolución a "AENA, a AESA a la Dirección General de Aviación Aérea y de Seguridad Aérea, a la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real" para que convoquen la mesa de contratación "lo antes posible". Y también a los Ministerios de Fomento, Defensa e Interior "a los efectos de que den el impulso final, lleven a cabo las verificaciones e inspecciones que queden pendientes para poner en valor y conseguir la puesta en marcha del aeropuerto de Ciudad Real". El juez añade que la medida facilitará el "impulso económico que tanto necesita esta región".
Gómez Arribas debe pagar 54,5 millones para completar la compra del aeropuerto de Ciudad Real
Gómez Arribas, que figura en el listado de los mayores morosos a Hacienda, con una deuda de 13 millones, se adjudicó el aeropuerto de Ciudad Real, a través de su empresa CR International Airport (Cria), en una subasta organizada hace más de dos años, presentando una oferta de 56,2 millones, pero hasta ahora ha entregado menos de tres millones de euros.
Durante este año el juez ha extendido la fecha límite acordada de entrega del dinero de la venta, hasta que el pasado mes de julio aceptó una dación en pago inédita en el sistema concursal español. La dación en pago consiste en la entrega al juzgado de una cesión millonaria del derecho de cobro que tiene Gómez Arribas frente a la Comunidad Autónoma de Baleares.
El empresario mantenía desde hace más de diez años un conflicto con el Gobierno balear por la paralización de un desarrollo urbanístico que puso en marcha en Ibiza hace más de una década, y que fue suspendido después de haber conseguido las licencias pertinentes. El pasado día 5 de julio se confirmó sentencia por la que se condenó a la Comunidad Autónoma al pago de una indemnización de 86,8 millones, y el juez de Ciudad Real ha aceptado su empleo para pagar la compra del aeródromo.
El juez Carmelo Ordóñez, en el auto de hoy, explica que ha recibido oficio de la Consejería de la Presidencia del Gobierno Balear por el que se comunica que la ejecución de la sentencia, y por tanto el pago de los 86,8 millones de euros, "se llevará a cabo antes de que termine este año". Del tenor de lo contestado, añade el magistrado, se "muestra una clara y firme intención de llevar a cabo el pago por lo que se dan por cumplidas las condiciones establecidas".
La firma de la escritura pública de compraventa del aeropuerto se efectuará, dice el juez, en el plazo de cinco días hábiles, antes del miércoles próximo. En el auto se indica que el Gobierno balear puede realizar el pago íntegro de los 86,8 millones de euros a la cuenta correspondiente derivada del contencioso surgido en Baleares, y que de ahí serán transferidos 54,5 millones a la cuenta del juzgado de Ciudad Real.
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