La histórica sanción en 2022 por prácticas anticompetitivas entre 1992 y 2017 apenas ha hecho mella en Dragados. La filial constructora del Grupo ACS sigue sobresaliendo entre las compañías beneficiadas por el Gobierno de España en cuanto a contratos con cargo a los Fondos Europeos de la Reconstrucción tras la pandemia. La última adjudicación, de esta semana, corresponde a unos 68 millones de euros del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para "modernizar" los túneles de la AP66 en León y Asturias, entre las mayores obras previstas por el Gobierno central en el segmento.
En los siete meses tras la prohibición de contratar con la Administración Pública de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -recurrida por Dragados -, la filial del grupo de Florentino Pérez ha conseguido sumar contratos con el Ejecutivo por unos 170 millones de euros. La cifra equivale al 15-20% de sus ventas anuales en nuestro país y a más del doble de los 130 millones que había recibido con anterioridad a la sanción y que ya le situaban en el podio de las empresas con mayores adjudicaciones dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ejecución de obras ferroviarias en Madrid, la adecuación de túneles en Galicia, Asturias y Castilla y León, como así también el acondicionamiento de canales de agua en Guipúzcoa para Acuaes -dependiente del ministerio de Transición Ecológica-, aparecen entre los conceptos de las últimas obras adjudicadas a la empresa que ACS compró en 2003 para formar la mayor compañía de infraestructuras en nuestro país.
Dragados ha conseguido las cautelares de la Audiencia Nacional para frenar, hasta sentencia firme, el pago de la multa de 57 millones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
El pasado mes de enero, Dragados consiguió las cautelares de la Audiencia Nacional para frenar, hasta sentencia, el pago de la multa de 57 millones a la CNMC. Lo hizo tras esgrimir que dicho abono reduciría su tesorería disponible a la mitad, "situando el saldo de la tesorería un 41,67% por debajo del saldo medio histórico". La empresa que hoy dirige Santiago García Salvador ha sido obligada, en cualquier caso, a prestar un aval equivalente a la que es la mayor sanción girada por Competencia a una constructora en España.
Hacienda decidirá sobre Dragados y las demás constructoras
La Audiencia Nacional no se ha posicionado siquiera cautelarmente sobre la sanción relativa a la prohibición de contratar con la Administración Pública, cuyo alcance deberá definir, según los jueces, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del ministerio de Hacienda, según la documentación cotejada por este diario.
Por lo pronto, desde el ramo que dirige María Jesús Montero se limitan a señalar que las administraciones podrán seguir contratando con las empresas sancionadas mientras no haya una "resolución firme" en sede judicial -lo que podría tardar años-.
Adif, de las principales contratistas de Dragados, ha eliminado de sus licitaciones las cláusulas que permitían a la empresa pública revocar un contrato en caso de una sentencia contra la adjudicataria
La necesidad de llevar a término la ejecución de los fondos europeos ha respaldado medidas en el Gobierno en favor de las empresas sancionadas por Competencia. Adif, de las principales contratistas de Dragados, ha eliminado de sus licitaciones las cláusulas que permitían a la empresa pública revocar un contrato en vigor en caso de una sentencia contra la adjudicataria.
Y ello, en aras de agilizar la ejecución de proyectos estratégicos para garantizar la aplicación de los fondos europeos cuyo plazo vence en 2026, según reconocen fuentes del sector de la contratación pública que hacen hincapié en la falta de alternativas a este tipo de empresas. Sin ir más lejos, la mayor licitación en la que se ha impuesto Dragados desde la sanción tenía, como otras candidatas, a Sacyr, Ferrovial y OHLA, todas ellas también multadas por Competencia si bien en menor medida que la filial de ACS.
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