Prohibir, o limitar, en la medida de lo posible el uso del coche privado en los entornos urbanos es la guerra que administraciones estatales y municipales están llevando a cabo poco a poco en los últimos años. Miles de turismos apenas pueden circular ya por cientos de calles de ciudades y, sin embargo, se sigue pagando el mismo importe del impuesto de circulación municipal, sin rebaja alguna a pesar de las limitaciones para poder moverse con libertad por esos entornos urbanos.
En un paso más, el Gobierno central tiene previsto destinar casi 2.200 millones de euros el próximo año a un conjunto de medidas dirigidas a una menor utilización aun del vehículo privado en los entornos urbanos o metropolitanos. Con esa partida quiere poner en marcha un "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos", según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que se ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados.
Esos cerca de 2.200 millones de euros se desglosarán en tres actuaciones principales: más de 1.124 millones para la implantación de zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, 445 millones para electromovilidad y más de 615 millones en mejora de la calidad y la fiabilidad del servicio de Cercanías.
Red de recarga
Los más de 1.124 millones de euros servirán para el diseño e implantación de zonas de bajas emisiones, medidas de transformación sostenible y digital del sistema de transporte público, y otras complementarias "cuyo objetivo final sea una menor utilización del vehículo privado". Por otra parte, 445 millones se dedicarán a incentivar la adquisición del vehículo eléctrico y el de pila de combustible, a fomentar proyectos singulares de innovación relacionados con la cadena de valor de la electromovilidad y la renovación del parque automovilístico "en general, incluida la explotación de la tecnología del hidrógeno verde".
También se llevará a cabo la instalación de puntos de recarga públicos en zonas residenciales, así como en la red nacional de carreteras, según el de los Presupuestos, en el que no se da cifra alguna al respecto. Sin embargo, el desarrollo de esa infraestructuras de puntos de recarga se da de frente con una realidad que, en muchos casos, lleva a que los trámites y autorizaciones para la instalación de esos puntos se demoren casi un año. O en ciudades como Huesca a que una de las principales marcas en cuanto a volúmenes de ventas en España reciba un no por respuesta del Ayuntamiento para instalar un cargador de utilización pública a las puertas del concesionario.
Finalmente, el Gobierno central ha previsto invertir más de 615 millones de euros en actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio ferroviario de Cercanías, con el "firme objetivo" de mejorar su "atractivo y accesibilidad" para que éste se convierta en la "columna vertebral de la movilidad en las zonas urbanas y constituya una alternativa real al vehículo privado en las áreas metropolitanas".
