El Gobierno calcula que los beneficios empresariales crecerán un 7% este año, el triple que los salarios, que apenas crecerán un 2,1%. Es una de las conclusiones que se desprende del 'libro amarillo' de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 que presentó el pasado jueves la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el Congreso.
Hasta ahora, tanto desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como desde el Ministerio de Seguridad Social se mostraban cautos al hablar de márgenes empresariales por la falta de datos al respecto. Únicamente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se aventuró a asegurar que éstos habían crecido durante el episodio inflacionista, sin detallar cifras.
Sin embargo, en las cuentas públicas del año próximo el Gobierno asegura que "el crecimiento previsto para los beneficios de las sociedades en 2022 es alrededor del 7%". El Ejecutivo no aclara en qué se apoya esta tesis y, de hecho, reconoce que "en estas fechas sólo se dispone de la información de beneficios obtenidos hasta marzo por las Grandes Empresas y grupos a través de su primer pago a cuenta del año (el segundo pago se presentará en octubre)".
Utilizando esa información, "se estima que los beneficios habrían crecido en los tres primeros meses un 1,3%", según el Gobierno. "Ahora bien, hay que tener en cuenta que el primer pago de 2021 estuvo marcado por el impacto de una fusión bancaria que elevó excepcionalmente los beneficios. Con el paso de los meses, ese impacto se irá absorbiendo y los beneficios acabarán creciendo más de lo que lo han hecho en la primera parte del año", añade.
Sobre los salarios, el Gobierno avanza en los Presupuestos que la remuneración media habrá crecido un 2,1% en el conjunto del año 2022, es decir, tres veces menos que los beneficios. Esta estimación coincide con la evolución que muestran los salarios pactados en convenios colectivos, que según las estadísticas subieron de media un 2,6% hasta agosto. Por su parte, los empleados públicos han pactado una subida del 1,5% antes de que acabe el 2022 con carácter retroactivo a 1 de enero y que se sumará a la subida del 2% que ya se les efectuó a principios de año.
El Gobierno y la inmensa mayoría de los organismos económicos están reclamando un pacto de rentas en el que tanto empresarios como trabajadores asuman parte del coste de la crisis inflacionista para evitar que ésta se prolongue y surjan efectos de segunda ronda. Sin embargo, según el Gobierno, ambos colectivos no estarían haciendo frente a esta situación de la misma forma, con las empresas trasladando parte del aumento de costes a los precios finales que paga el consumidor.
Ambos crecerán un 4% en 2023
Ya en 2023, cuando la inflación media se situará en el entorno del 5%, según los organismos económicos, el Gobierno espera que los beneficios crezcan alrededor de un 4,5%, más en línea con los salarios, que crecerán un 4,1%, según sus cálculos. Los empleados públicos, por su parte, han pactado una subida del 2,5% sobre los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2022, a la que se podrá sumar otro incremento variable del 1% en función de cómo evolucione el IPC y el PIB nominal. En total, un 3,5%.
"Se podrá añadir un incremento variable del 0,5 por ciento, vinculado a la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023, siempre que superen el 6%, más otro 0,5 por ciento, vinculado a que el PIB nominal en 2023 iguale o supere el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de los PGE para 2023", reza el 'libro amarillo'.
El Gobierno excluye de este pacto de rentas a los pensionistas, una línea roja marcada desde el inicio pese a que instituciones como el Banco de España han reclamado que también participen. El próximo año el Gobierno revalorizará las pensiones con el IPC medio de este año, que el Gobierno calcula que se situará en el 8,5% y el Banco de España eleva al 8,7%. De esta forma, pretende subirlas cuatro puntos más que los salarios y los beneficios empresariales.
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