El asalto del Gobierno al Instituto Nacional de Estadística (INE), que empezó por cuestionar los datos económicos que proporcionaba al chocar con las previsiones del Ejecutivo y ha acabado por forzar la dimisión del presidente del organismo, Juan Rodríguez Poo, bordea varias 'líneas rojas' del reglamento de la estadística europea que todos los Estados Miembros deben cumplir para garantizar la independencia.
En primer lugar, desde hace un año, tanto la vicepresidenta Calviño, como los ministros Montero y Escrivá y el propio Pedro Sánchez han puesto en duda los datos del Producto Interior Bruto (PIB) que publica el INE, llegando incluso a utilizar indicadores propios que mostraban una recuperación más vigorosa de la economía que la Contabilidad Nacional. También cuestionó la metodología que utiliza el INE para elaborar el Índice de Precios de Consumo (IPC), culpando al Instituto de parte de la elevada inflación que revela la estadística.
El primero de los principios estadísticos presentes en el Reglamento nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo es, precisamente, el de la "independencia profesional". Según el artículo 2 de la normativa, "las estadísticas deben desarrollarse, elaborarse y difundirse de modo independiente, sobre todo en lo que respecta a la selección de técnicas, definiciones, metodologías y fuentes que deban utilizarse, y al calendario y el contenido de cualquier forma de difusión, y la ejecución de dichas funciones permanece libre de toda presión de los grupos políticos o de interés o de las autoridades nacionales o de la Unión".
El desafío del Gobierno al marco jurídico de la UE continúa con el artículo 5, relativo a los presidentes de los INE y responsables de estadística de las demás autoridades nacionales. Este artículo establece que "los Estados miembros garantizarán la independencia profesional del personal encargado de las funciones establecidas en el reglamento". A tal fin, "los presidentes de los INE actuarán de forma independiente al llevar a cabo sus funciones estadísticas, sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo".
Transparencia y criterios profesionales
En el mismo artículo, se fija la obligación de los Estados Miembros de "garantizar los procedimientos de selección y nombramiento de los presidentes de los INE y, en su caso, de los responsables de estadística de las demás autoridades nacionales, sean transparentes y se basen exclusivamente en criterios profesionales". En este sentido, "los motivos para el cese o el traslado a otro puesto de los presidentes de los INE no comprometerán la independencia profesional".
El pasado martes, se conoció que el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, número dos de Escrivá, abandonaba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta salida se sumaba a la del secretario de Estado de Migraciones. Desde el Ministerio se aseguraba que la de Arroyo era una salida consensuada producto del desgaste del trabajo durante la pandemia y que había solicitado su reingreso como funcionario, en principio con destino a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de donde provenía.
Sin embargo, todo parece indicar que Arroyo será el nuevo presidente del INE, según publicó El Confidencial el viernes. Desde Asuntos Económicos no han desmentido ni confirmado esta información, que enmarcan en los cambios que están preparando para "mejorar el funcionamiento del INE y su independencia". Así lo han planteado este lunes tras el Consejo de Ministros. En el comunicado que ha enviado en la noche del lunes, el Ministerio de Calviño dice que "se abre un proceso de sustitución que se espera cerrar en los próximos días".
Choque de indicadores
Todo empezó en septiembre, con la revisión a la baja en 1,7 puntos del segundo trimestre que provocó que todos los analistas y organismos económicos salieran en masa a empeorar sus previsiones, truncando el mensaje de que España lideraría la recuperación gracias al buen ritmo de vacunación y a la pronta recepción de los fondos europeos. En este sentido, la revisión del INE cayó como jarro de agua fría al Gobierno, que preveía un crecimiento del 6,5% para 2021 y del 7% para 2022.
Después de ese suceso, los intentos de desacreditar el PIB han sido numerosos. Por un lado, tanto Economía como Hacienda crearon nuevos indicadores que, frente a la Contabilidad Nacional, mostraban una recuperación total de los niveles precrisis ya en noviembre. De hecho, el Informe semanal de ventas diarias que ideó Hacienda daba en su primera publicación mejores resultados que los de 2019, cuando el tradicional de Ventas, empleo y salarios de las grandes empresas, el que llevó al INE a rebajar previsiones, no lo hacía.
De hecho, en esas semanas en las que se fraguaba la cascada de revisiones a la baja tras el hachazo del INE al PIB del segundo trimestre, Calviño organizó un seminario denominado Más allá del PIB/Beyond GDP y convocó una rueda de prensa en el Ministerio junto al comisario europeo Paolo Gentiloni y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos y aseguró que el PIB es un indicador útil pero insuficiente para dar la medida exacta de los recursos y la capacidad de la economía de un país, instando a revisar y ampliar las métricas.
Finalmente, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también ha contrapuesto los datos de empleo y recaudación "completos" frente a los del PIB, "sometidos a revisión constante", un discurso que el presidente del Gobierno luego ha hecho suyo. En el balance del año que hizo el pasado 29 de diciembre, Sánchez destacó los datos "reales" de afiliación a la Seguridad Social frente a las "estimaciones" de los distintos organismos, que oscilan "al alza y a la baja" en un contexto de "extraordinaria incertidumbre" por la pandemia.
La ofensiva contra el INE por el PIB provocó que el Ministerio de Hacienda restringiera la información que proporcionaba al organismo autónomo para sus cálculos. En concreto, tal y como publicó Vozpópuli, durante unos trimestres, la Agencia Tributaria dejó de proporcionar al INE los datos adelantados de Ventas, empleo y salarios de grandes empresas y pymes para el avance del PIB tras la revisión a la baja en 1,7 puntos del segundo trimestre de 2021. Después, el Gobierno volvió a proporcionar estos datos.
El choque entre las cifras del Gobierno y el principal indicador que elabora el INE llegó incluso al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los expertos del organismo internacional se reunieron con las autoridades españolas el pasado diciembre para analizar el pulso económico del país y recogieron en su informe que el Gobierno mantenía unas previsiones de crecimiento más altas que el resto defendiendo que algunos indicadores económicos como el empleo o la recaudación están reflejando una recuperación más vigorosa que el PIB.
El Ejecutivo trasladó al FMI que este choque exigía "un análisis más profundo" de la coyuntura, según consta en el citado informe, restando valor a las previsiones de crecimiento y las revisiones a la baja que la mayor parte de los organismos han realizado en los últimos meses, conforme el INE ha ido publicando los datos de Contabilidad Nacional. Sin embargo, la 'letra pequeña' del empleo desmonta la recuperación que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, vendió en estas reuniones, puesto que tanto el PIB como las horas trabajadas se situaban a cierre de 2021 un 4% por debajo de los niveles precrisis.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación