El fondo de rescate a pequeñas y medianas empresas ya ha arrancado, pero Cofides trabaja contrarreloj, ya que el plazo para agotar los 1.000 millones de euros termina el 31 de diciembre de este año. Por ese motivo, el Gobierno ha solicitado a Bruselas una prórroga hasta al menos junio de 2022.
El pasado viernes se firmaron todos los contratos con el pull de asesores y desde esta misma semana, la agencia de calificación crediticia Inbonis está trabajando para en un plazo de 10 días dar su veredicto sobre las empresas que pueden pasar la criba inicial, que el director de Inversiones de Cofides, Miguel Ángel Ladero, ha cuantificado en 15.000 compañías.
No obstante, desde Cofides calculan que se podrá dar ayudas a tan solo unas 150 compañías con el tamaño de este fondo. Cabe destacar que Alvarez & Marsal señala que las pymes necesitan unos 15.000 millones de financiación para salir de esta crisis.
Actualmente hay unas 200 pymes que han solicitado financiación, de las que el 61% se concentran en Madrid y Barcelona. Por sectores, el de la hostelería es el que mayor interés ha mostrado (20%), seguido del sector servicio (15%) y el de automoción (6%).
Después de que Inobins haya dado una calificación crediticia a las empresas, los asesores tendrán un plazo de entre seis y siete semanas para dar su visto bueno, por lo que las primeras ayudas no llegarán hasta, al menos finales de octubre o principios de noviembre.
Inbonis Rating considera que el Estado puede ahorrar hasta 60 millones de euros con la aplicación de calificación crediticia a las empresas afectadas por la Covid-19 que opten al fondo de recapitalización de 1.000 millones gestionado por Cofides, al evitar "falsos positivos" y constatar la viabilidad de los solicitantes.
El fondo Cofides
El fondo de Cofides está dirigido a empresas con una facturación de entre 15 y 400 millones en 2019. En el caso de las pymes, los préstamos podrán ser de entre tres y 15 millones. Para las empresas medianas, las cantidades oscilan entre los cuatro y 25 millones. Se prevé que la tramitación de cada expediente se extienda entre dos y tres meses.
Las empresas que reciban fondos públicos tendrán prohibido distribuir dividendos, subir los sueldos de los directivos o comprar más de 10% de compañías competidoras hasta que no devuelvan al menos el 75% del préstamo. Cualquier reducción de plantilla quedará condicionada a alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores.
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