El Gobierno va a aprobar esta semana una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para ampliar el margen de déficit de las comunidades autónomas. De hecho, ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos y PSOE y posiblemente con la abstención de Podemos. Pero no es oro todo lo que reluce. El equipo de Montoro quiere dar cuatro décimas para que las comunidades puedan acabar el año con un déficit del 0,7%, pero la cifra sabe a poco si se tiene en cuenta que Bruselas ha dado casi dos puntos más a España para este año. Vamos, que el Estado y la Seguridad Social se quedan con casi todo el pastel. Y lo mismo ocurrirá en 2017.
La situación es un poco complicada. Inicialmente en 2016 había que reducir el déficit al 2,8%, pero el desfase de las cuentas de 2015 inhabilitó directamente esta cifra. Tras reconocer el fuerte desvío y la intención de Bruselas de multar a España, el Gobierno planteó por su cuenta una nueva senda con un objetivo de déficit público del 3,6% del PIB y la idea de retrasar un año la salida del procedimiento de déficit excesivo. A raíz de esa nueva senda, elevó el déficit autonómico desde el 0,3% inicialmente previsto al 0,7%. Aunque en realidad fue solo una declaración de intenciones. Nunca llegó a aprobarlo porque estaba en funciones.
Y mientras tanto Bruselas analizaba la situación española y barajaba la posibilidad del multar al país por no tomar medidas efectivas contra el déficit. Las autoridades comunitarias no sabían si dar uno o dos años a España para salir del procedimiento de déficit excesivo para evitar nuevas revisiones en el futuro. Finalmente, optaron por la segunda opción y fijaron una nueva senda que pasaba por reducir el déficit del 5% de 2015 al 4,6% en 2016, al 3,6% en 2017 y al 2,2% en 2018. Y esta ya es la senda oficial, no hay posibilidad de cambiarla.
Bruselas fijó una nueva senda en la que daba dos años a España para salir del procedimiento de déficit excesivo y no uno como quería el Gobierno
El Gobierno no ha aprobado aún el reparto de las nuevas cifras, pero sí ha incluido en el Plan Presupuestario de 2017 que envió a Bruselas este fin de semana una estimación de lo que ocurrirá en cada subsector. Según esta estimación, el déficit público del 4,6% de este año se repartiría así: un saldo del -2,6% en el Estado, del -1,7% en la Seguridad Social y del -0,3% en las administraciones territoriales. Entendemos que en las administraciones territoriales están incluidas las CC.AA. y las entidades locales, lo que hace pensar que el déficit del 0,7% que quiere dar Cristóbal Montoro a las autonomías se compensará con un superávit de cuatro décimas de los Ayuntamientos.
Si comparamos estas cifras con las que planteó el Gobierno por su cuenta en el Programa de Estabilidad, vemos que el Estado pasa de tener un déficit del 1,8% a uno del 2,6%, es decir, que se queda nada más y nada menos con 8 de las décimas extra de Bruselas. En realidad tiene sentido porque la recaudación está yendo francamente mal y el déficit del Estado ya se ha situado en 2,79% en agosto, es decir por incluso encima de la nueva meta, aunque el último cambio en el Impuesto de Sociedades hará que los ingresos remonten en la parte final del año.
En el caso de la Seguridad Social, la cifra pasa del 1,1% planteado en el Programa de Estabilidad al 1,7% del Plan Presupuestario, es decir, 6 décimas más. También tiene sentido este margen si tenemos en cuenta el difícil problema que atraviesa el sistema y las dudas sobre su viabilidad en el futuro. Son muchos los expertos que avisan de que está será sin duda la gran reforma de la próxima legislatura. Según el Círculo de Empresarios, en 2026 se jubilarán 800.000 personas al año y solo 400.000 se incorporarán al mercado laboral. Y no hay forma de financiar eso.
Con este reparto, Estado y Seguridad Social se comen 1,4 puntos de los 1,8 puntos concedidos por Bruselas y quedan solo cuatro décimas para las comunidades autónomas, que se quedarán previsiblemente con la misma cifra que ya aparecía en el Programa de Estabilidad: el 0,7%. En el Plan Presupuestario aparece un 0,3% porque el saldo incluye a las entidades locales, que tienen una situación saneada y compensarían el desfase.
En el documento se dice que estos datos se han comunicado ya a Eurostat, la oficina estadística europea. Y se incluye también una previsión sobre lo que ocurrirá en 2017, con un reparto similar del margen extra de la Comisión. En este caso, el déficit inicial, antes de conocer el desfase de 2015, era del 1,4%. El Gobierno planteó después un 2,9% y Bruselas lo acabó fijando en el 3,6%. Es decir, más de dos puntos de diferencia.
Y una vez más, la mayor parte del extra será para el Estado y la Seguridad Social, que acabarán el año con saldos del -2,1% y del -1,4%, respectivamente, frente a los objetivos del --1,5% y del -0,9% incluidos en el Programa de Estabilidad. Las comunidades y entidades locales, por su parte, tendrán que acabar el año con un saldo conjunto del -0,1%, frente al -0,5% previsto anteriormente.
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