El Gobierno ha decidido mantener a Pilar Canedo como consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pese a haberla sancionado por cometer una infracción "muy grave" en el ejercicio de su cargo, lo que, por ley, debería implicar su expulsión del organismo. La vocal fue expedientada por dar clase en la Universidad de Deusto durante los primeros meses de labor en la CNMC, algo que está prohibido, dado que se le exige dedicación exclusiva.
La resolución del Consejo de Ministros fue tomada el pasado 15 de febrero y reconoce la existencia de una falta "muy grave" por parte de Canedo durante sus primeras semanas como consejera, es decir, en el otoño de 2017. Entonces, la vocal firmó un contrato con el citado centro de enseñanza superior para impartir 45 horas de clase entre septiembre y diciembre. El acuerdo contemplaba que su retribución -de 541,60 euros mensuales- sería donada de forma íntegra para la realización "de actividades de promoción de la competencia en los mercados", según se especifica en el contrato
Pese a que renunció a ingresar esa remuneración y pese a que obtuvo el visto bueno del Departamento de Control Interno de la CNMC antes de iniciar su actividad docente, la Oficina de Conflictos de Interés del Ministerio de Hacienda concluyó que los hechos que había cometido tenían un carácter muy grave. En diciembre, su sanción fue dictada por el Consejo de Ministros y, el pasado 15 de febrero, fue ratificada.
El Gobierno ha evitado el cese de Canedo, al considerar que la ley es excesiva a la hora de juzgar las acciones de este tipo.
Pese a ello, el Gobierno ha evitado el cese de Canedo, al considerar que la ley es excesiva a la hora de juzgar las acciones de este tipo. En concreto, la normativa que regula el ejercicio de los altos cargos incide (artículo 26.2) en que las infracciones muy graves deben ser sancionadas con su destitución y con la pérdida del derecho a percibir la indemnización que les corresponde a los consejeros.
"Irregularidades muy graves"
Según adelantó Vozpópuli, la vocal remitió el pasado enero una carta a los miembros de la CNMC en la que criticaba que el expediente sancionador, que se abrió en 2017 por este asunto, está "plagado" de "irregularidades muy graves". También lo definía como un "ataque personal" para tratar de condicionar su independencia en el organismo.
Canedo denunció entonces un trato discriminatorio y desproporcionado de la Oficina de Conflictos de Interés y expresó su voluntad de llevar este asunto al Tribunal Supremo, en caso de que el Consejo de Ministros no aceptara su recurso y su sanción fuera ratificada, como así ocurrió el pasado febrero. En este sentido, cabe señalar que el plazo para apelar al Alto Tribunal no ha finalizado y que todavía no se ha formulado ningún recurso.
Con la decisión de mantener a Canedo en su puesto, el Ejecutivo ha evitado alterar el statu quo del organismo en un momento político complejo, a pocas semanas de las elecciones generales, cuando resultaría imposible designar a un sustituto, tras la disolución de las Cortes Generales.
Canedo fue propuesta como consejera de la CNMC por Ciudadanos y, desde entonces, ha sido vocal en la Sala de Promoción de la Competencia, presidida por José María Marín Quemada. En este tiempo, la formación naranja impulsó un debate sobre la posibilidad de dividir el regulador de la competencia en dos entidades independientes. Esto implicaría una reforma legal que no se ha llegado a plantear, entre otras cosas, ante la dificultad para lograr la mayoría necesaria en el Congreso para las medidas económicas de calado.
Sea como fuere, desde que fuera propuesta para su puesto, Canedo ha presentado varios votos particulares en los que ha expresado su disconformidad con las resoluciones de la Sala a la que pertenece. En varios casos, por estar en desacuerdo con el importe exiguo de la sanción a las empresas. En otros, por descargar de responsabilidades a la Administración en expedientes relativos a licitaciones públicas.
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