El Gobierno tiene intención de dejar en manos de las comunidades autónomas la decisión de conceder ayudas directas a aquellas empresas que se encuentren en dificultades, igual que ha delegado en ellas la gestión de las medidas para frenar la nueva ola de coronavirus.
A pesar de que Podemos y la oposición están presionando para que sea el Ejecutivo quien apruebe un paquete de medidas a nivel nacional, como han hecho otros países europeos como Alemania o Italia, Moncloa es más partidaria de que sean las autonomías las que acometan esta labor.
Los ministerios fuertes del PSOE (Economía, Hacienda y Seguridad Social) no creen que sea una buena idea canalizar estas ayudas, ya que no sería fácil hacerlo desde Madrid. Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas a estas carteras, consideran que son las comunidades autónomas las que tienen más capacidad para diseñar estas medidas de forma eficiente, al conocer más de cerca las debilidades que atraviesa el tejido productivo de cada uno de los territorios.
El Ejecutivo desembolsó 16.000 millones de euros a las comunidades en el año 2020, a los que se suman los 10.000 millones del programa React-EU liberados este año, con los que los gobiernos regionales pueden repartir ayudas directas a empresas si lo consideran necesario con cargo a esos fondos. Una medida que sí han adoptado, por ejemplo, la Xunta de Galicia o la Generalitat Valenciana, al compás de medidas restrictivas.
Además, dado que las reglas fiscales están suspendidas en España, como lo están en la UE, no habrá problema si las comunidades incrementan su déficit público más de lo previsto, ya que se mirará el del conjunto de las Administraciones Públicas.
Conocer mejor la realidad de cada territorio permitirá conceder las ayudas con un criterio más afinado, de forma más quirúrgica, y evitar que se produzcan situaciones como las que se han producido en Italia, por ejemplo, donde algunas de las compañías que han recibido apoyo económico han acabado echando el cierre.
Defienden que los ERTE son ayudas directas
Economía, Hacienda y Seguridad Social se defienden también alegando que algunas de las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo son, en la práctica, ayudas directas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos. A cierre de enero, hay en España 739.000 personas en ERTE y unos 300.000 autónomos en cese de actividad.
"Cuando miramos lo que ha hecho España, hay que poner de relieve cosas que se han hecho que son ayudas directas. Por ejemplo, para todas las empresas afectadas por la pandemia, sobre todo de hostelería, hospedaje, agencias de viaje, etc., no sólo estamos exonerando las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores inactivos por ERTE, sino también a los activos", defendía este mismo martes el ministro José Luis Escrivá.
De esta forma, "se está introduciendo una ayuda directa que es singular en los países de nuestro entorno", presumía. Esto sucede también con la prestación para autónomos, que están cobrando un subsidio que en la práctica podría ser considerado una ayuda directa.
Aunque Escrivá, María Jesús Montero y Nadia Calviño están alineados en este planteamiento, conscientes también del riesgo de seguir incrementando la deuda pública, hay ministros entre las filas del PSOE que presionan para que se aprueben estas ayudas, como la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, influida a su vez por las dificultades que atraviesan los sectores que gestiona.
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