El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que incluyen 27.633 millones de euros del Plan de Recuperación, pero los Grupos no han podido incluir ninguna enmienda sobre inversiones del citado Plan, que el Gobierno y los letrados de la Cámara han vetado. Y llueve sobre mojado: el Pacto de Toledo ha tenido que validar en 48 horas la primera parte de la reforma de las pensiones y, en concreto, su apartado más polémico, la subida de cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, presentó de urgencia y echando la culpa de estas formas legislativas a los agentes sociales y a Bruselas. Fórmula que a pesar del mea culpa que entonó el ministro se perfila que va a seguirse con la reforma laboral.
El ninguneo al Congreso contrasta vivamente con el procedimiento que ha seguido Italia, por ejemplo, cuyo Parlamento ha participado en el diseño del Plan, que avaló una amplia mayoría de la Cámara. Ante las quejas de los diputados ya hace meses, la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, les aseguró que si bien no habían participado en su diseño, sí lo harían en las reformas y leyes que lo desarrollaran: "Sí quiero tranquilizar a sus señorías en el sentido de que el plan es un marco general que será aprobado por la Comisión Europea, pero evidentemente las inversiones están previstas en los Presupuestos Generales del Estado, que son aprobados por este Parlamento, y las reformas son proyectos normativos que van a ser en sede parlamentaria", dijo Calviño el pasado 25 de febrero. De momento, su participación se circunscribe a votar sin posibilidad de cambios, ni siquiera de debate de sus propuestas, con la presión gubernamental de que se trata de reformas insoslayables comprometidas con la Comisión Europea y que deben aprobar sin dilación para facilitar que fluya la lluvia de millones de los fondos.
Esta exclusión de sus enmiendas se ha gestado en el propio texto del proyecto de ley, que prevé un sistema farragoso para causar altas y bajas de gasto y su atribución a determinadas partidas y capítulos, que en la práctica ha impedido a los grupos que estas enmiendas prosperen. La argumentación que luego han tenido que seguir los letrados del Congreso para vetarlas es que estos fondos llegan a partir del Plan de Recuperación acordado con la Comisión Europea, que es el que justifica la concesión de estas ayudas y, por tanto, su disponibilidad está limitada a unos objetivos y fines concretos del mismo. Por ello, señalan que estas enmiendas no pueden contradecir las finalidades ni las inversiones de este Plan.
Una postura que molesta a los grupos
Una postura que ha molestado a los grupos, que creen que así se les ha impedido participar en los fondos europeos, y han advertido de que hay enmiendas vetadas que sí cumplen con los objetivos del Plan. Es el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, que esgrime que sus propuestas "casan perfectamente, no ya con los principios y reglamentos del Plan de Recuperación, sino hasta con los propios programas ya planteados por el Gobierno".
Cs ha tachado de "comportamiento antidemocrático" el veto del Ejecutivo a más del 60% de sus enmiendas, y ve como "contrasentido" que el Gobierno pueda excluir de una ley que supone la distribución de ingresos y gastos propuestas de modificación de las mismas. Un diagnóstico en el que coincide con el PP.
El modus operandi seguido con la reforma de las pensiones fue duramente criticado por los diputados del Pacto de Toledo la semana pasada. El portavoz del PNV, Iñigo Barandiaran planteó que el Gobierno "antepone la mesa de diálogo social por encima del Parlamento". Para Barandiaran, esto "puede ser muy loable pero no democrático", lo que Escrivá dijo compartir y se comprometió a revisar de cara a la segunda parte de la reforma de las pensiones que se va a negociar a continuación.
Sin embargo, este sistema parece que será replicado con la reforma laboral, ya que a finales de noviembre el Gobierno sólo ha presentado a los agentes sociales un maremágnum de textos contradictorios y en los asuntos trascendentes no hay acuerdo. Como el compromiso con la Comisión Europea es que esté aprobada, junto con la reforma de las pensiones, el 31 de diciembre, todo parece indicar que se presentará al Congreso un Real Decreto-ley de urgencia. De estas dos reforma dependen 13.793 millones del segundo tramo de los fondos.
Ya en febrero Calviño advertía a los diputados de que lo que contiene el Plan de Recuperación es "la agenda del Gobierno, que llevamos dos años desplegándola, que hemos venido comunicando y consultando extensa y profundamente con todos los interlocutores, pero cada una de las acciones, por supuesto, están sujetas a control parlamentario, como no puede ser de otra manera". Esto no ha impedido que la reforma de las pensiones se tuviera que aprobar en 48 horas y que la laboral lleve un camino similar, con textos presentados en el último minuto.
Reformas desvirtuadas
Una participación plena del Congreso en las reformas del Plan de Recuperación puede resultar conflictiva para el Gobierno de cara a Bruselas, ya que pueden verse desvirtuadas por sus socios respecto a lo comprometido con la Comisión Europea. Así está ocurriendo con los Reales Decretos-leyes aprobados hasta junio, de los que depende el primer tramo de 10.000 millones que se acaba de solicitar y que ahora Bruselas estudia. Se tramitan en el Congreso como proyectos de ley, como el de interinos, el de 'Riders', de Reducción de la Brecha de Género, de Medidas Urgentes para la Modernización de la Administración Pública, el que crea el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y de apoyo a las víctimas de violencia de género, entre otros, que pueden resultar en textos 'Frankenstein'.
