La ofensiva del Gobierno contra el INE para desacreditar los malos datos de PIB ya alcanza al IPC. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, libra desde hace meses una batalla contra el Instituto Nacional de Estadística porque cree que no recoge en sus mediciones la recuperación de la economía española que el Ejecutivo sí atisba. Esto se ha traducido en un mantenimiento férreo de sus previsiones que ya habían rebajado todos los servicios de estudios, en la creación de nuevos indicadores, y en reuniones con expertos y el propio INE, que finalmente elevó al alza su previsión para el tercer trimestre. Pues bien, esta andanada ya alcanza al IPC, y ahora servicios de estudios y fundaciones próximos al Gobierno acusan al INE de estar usando un dato erróneo.
El servicio de estudios de CaixaBank asegura en un artículo publicado esta semana que "el IPC ha estado claramente sesgado al alza en 2021" por la omisión de los precios del mercado libre. "Observamos que la variación anual mediana de las facturas en el mercado libre ha sido del -6% mientras que en el mercado regulado +35%", asegura. España cerró el 2021 con una inflación media del 3,1% pero, según los cálculos de Caixabank, de incorporarse los precios del mercado libre y no sólo los del mercado regulado, el promedio anual se hubiera situado en el 2,2% (nueve décimas menos).
Sin embargo, conviene destacar que esto no es nuevo: tradicionalmente el INE sólo ha tenido en cuenta las tarifas del mercado regulado de la electricidad en sus cálculos del IPC pese a que en los últimos años sólo representaba un 40% del total de los consumidores. En octubre de 2021, con la escalada imparable de la inflación, el Instituto Nacional de Estadística se comprometió a incluir en la base del cálculo del IPC la variación de precios del mercado libre, pero dijo que lo haría ya en el primer mes de 2022.
Por tanto, el impacto que el IPC tuvo, por ejemplo, en la factura de actualizar las pensiones de 2022 (que según Caixabank debería haberse calculado con una inflación media inferior al 2,5% tenida en cuenta para revalorizarlas) hubiera seguido situándose en los 6.500 millones. Es decir, que la previsión siempre ha sido que la inclusión del mercado libre en el IPC afectara a la factura de las pensiones de cara ya a 2023, un año en el que se prevé que el impacto de la inflación en las pensiones sea aún mayor por las altas tasas de cierre de 2021 e inicios de 2022.
Además, en cualquier caso, no se incluirá en todos los meses que se tienen en cuenta para calcular la revalorización (la media se hace entre el IPC de diciembre de 2021 y el de noviembre de 2022), pues de momento el INE ha aplazado su introducción "hasta obtener la información que han de suministrar las compañías eléctricas con un suficiente nivel de detalle y con los criterios técnicos necesarios que permitan aplicar una metodología consistente con los requerimientos exigidos en el cálculo del IPC".
Nuevos indicadores
Calviño se aferra en los últimos meses a un nuevo indicador de actividad diario que elabora su equipo, que se aleja de los datos de contabilidad nacional trimestrales que elabora el INE y que no está presente en el Plan Estadístico Nacional."El indicador diario de actividad recuperó su nivel precovid en noviembre, manteniendo además su dinamismo durante el cuarto trimestre", destacaba la ministra en diciembre.
El INE avanzó a finales de octubre que la economía española sólo creció un 2% en el tercer trimestre del año por la mala evolución del consumo privado, que supone más algo más de la mitad del PIB. Este rebote se antojó moderado con el fin de las restricciones y la recuperación del turismo, previsión que el INE luego elevó al 2,6%. Poco antes, hubo una reunión de expertos con el INE en la que participó el Ministerio de Asuntos Económicos.
En esas semanas en las que se fraguaba la cascada de revisiones a la baja tras el hachazo del INE al PIB del segundo trimestre, Calviño organizó un seminario y convocó una rueda de prensa en el Ministerio junto al comisario europeo Paolo Gentiloni y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos y aseguró que el PIB es un indicador útil pero insuficiente para dar la medida exacta de los recursos y la capacidad de la economía de un país, instando a revisar y ampliar las métricas.
El evento se denominó Monitoring the Recovery: Beyond GDP, y se adscribía a la estela del grupo de expertos de alto nivel formado por Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi y Martine Durand, que ha publicado en la OCDE Beyond GPD: Measuring What Counts for Economic and Social Progress. En el evento que organizó Calviño, también intervinieron Stiglitz, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y la vicepresidenta y economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart.
La contribución de Hacienda
A estos indicadores se ha sumado uno nuevo de Hacienda, que denomina Informe semanal de ventas diarias, y define como "termómetro adelantado de la actividad económica", que ha elaborado la Agencia Tributaria (AEAT) a partir de los datos de facturación del IVA que tiene en su poder desde julio de 2017, con la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII). Este indicador daba en su primera publicación mejores resultados que los de 2019, cuando el tradicional de Ventas, empleo y salarios de las grandes empresas, el que llevó al INE a rebajar previsiones, no lo hacía.
En la rueda de prensa que ha dado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para vender los datos de recaudación de 2021, que crecen un 15% respecto a 2020, un 0,6% por encima de lo presupuestado, ha aludido en varias ocasiones al INE, que a su juicio no recoge de forma acertada los datos de empleo ni los de recaudación tributaria, que ha desligado por completo del IPC.
