Negociación contrarreloj en Bruselas de Nadia Calviño y los ministros de Hacienda, Transportes e Industria y Turismo para cerrar los 70 cambios secretos que quiere hacer el Gobierno español en funciones antes de la investidura. No son sólo los peajes que prometió Pedro Sánchez implantar en 2024 y que protagonizaron la campaña electoral del 23-J. Hay varios acuerdos impopulares con la Comisión, el caso de la fiscalidad de gasolina y diésel, la creación de un impuesto a los billetes de avión, entre muchos otros tributos verdes, y la supresión de la tributación conjunta en el IRPF son algunos de los hitos ocultos. A esto se suman inversiones comprometidas que van con retraso.
Una vez que la Comisión de Economía del Parlamento Europeo ha confirmado el nombramiento de Claudia Buch para el BCE, lo que se prevé que el Pleno refrende, el camino de Calviño hacia la Presidencia del BEI se presenta despejado y se aceleran las negociaciones con el fin de que estos cambios al Plan de Recuperación que plantea en secreto en la denominada adenda queden cerrados antes de su elección el 16 y 17 de octubre, fechas que coinciden con las que se prevén para la investidura de Pedro Sánchez.
Hubo un acercamiento de la Comisión Europea al PP durante la campaña electoral del 23-J, en el que cambió el tono y no dudó en desmentir informaciones favorables al Gobierno de Pedro Sánchez en El País ni afirmaciones como la de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que aseguró categóricamente que no se iban a pagar peajes. La misma portavoz, Veerle Nuyts, que entonces desautorizó a la ministra de Transportes ha confirmado en rueda de prensa en Bruselas la información que publicaban este jueves El País y La Vanguardia: se ha "avanzado mucho" para que el compromiso de los peajes se caiga de la lista de obligaciones a cambio de trenes y bicicletas.
La propia Sánchez aseguró este martes en Bruselas que era "optimista" sobre la negociación y con que los peajes acabarían saliendo de las obligaciones, lo que la Comisión ha validado este jueves.
Los impuestos prometidos
La decisión del Consejo Europeo de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberían entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE". Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023, entre ellas, la reforma fiscal que aplique las propuestas del comité de expertos designados con este fin.
El compromiso concreta que se debe "garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes. Las reformas irán acompañadas también de un análisis de su impacto distributivo, en el que se prestará especial atención a las familias con hijos".
Nada de lo que plantean los expertos en su Libro Blanco y que no estuviera ya en marcha se ha hecho, y de lo que sí se ha aprobado, la creación de los impuestos a banca y energéticas no forma parte de sus propuestas y el impuesto a grandes fortunas, que podría parecer alineado con la armonización de Sucesiones y Patrimonio que plantean, tampoco. De hecho, los sabios abogan por imponer tipos máximos y mínimos en estos dos impuestos que deberá ponderar el Gobierno en una reforma de los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y no un impuesto a la riqueza pergeñado en un mes como enmienda a una ley no orgánica.
Este compromiso cobra especial fuerza ahora que las comunidades en las que gobierna el PP desde este verano se suceden las rebajas de Sucesiones.
Catarata de subidas fiscales 'verdes'
El capítulo más detallado del Libro Blanco es el relativo a la fiscalidad medioambiental, en el que plantean una subida del diésel e impuestos verdes que asciende a un total de 15.023 millones de euros. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones, en la que proponen una equiparación de diésel y gasolina y una subida adicional. A esto se añade un incremento de 1.960,6 millones de la accisa del gas natural; una modificación del Impuesto de Circulación que supondrá 610,8 millones más y otra del de Matriculación para reunir 2.335,1 millones más; la tributación de combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, con un objetivo de recaudar 1.701 millones; el pago por uso infraestructuras viarias, por 1.397,9 millones, y la creación de un impuesto a los billetes de avión, que reportará 951,8 millones.
Estos son sólo algunos de los impuestos verdes que proponen. El informe, que el Plan marca de obligada puesta en marcha, pone el foco en la subida de diésel y gasolina y en la creación de un impuesto a billetes de avión.
Hacienda emprendió el proyecto de creación de un impuesto a billetes de avión justo antes de la pandemia propuesto por Transición Ecológica, que llegó a estar en consulta pública, pero con la crisis del coronavirus se paralizó. Este impuesto, que tienen en vigor Francia, Alemania y otros países, ha sido estudiando por uno de los expertos del comité, Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo experto en fiscalidad medioambiental, que analiza distintos escenarios que van desde un impuesto medio de 2,94 euros por pasajero en los vuelos domésticos y 9,06 euros en los vuelos internacionales para recaudar 900 millones a reunir 1.500 millones gravando 5,43 euros los vuelos domésticos y 16,76 euros los vuelos internacionales. El Plan de Recuperación se compromete de entrada a "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores".
Este martes, el ministro de Turismo, Industria y Comercio en funciones, Héctor Gómez, ha asegurado en Bruselas que la Presidencia española del Consejo de la UE buscará "puntos de encuentro" en el debate en torno a la creación de un impuesto europeo al queroseno para compensar el efecto climático de la aviación, pero sin "crear barreras de entrada" al turismo. Un impuesto que el Gobierno español ha preparado y que los expertos han incluido en la reforma fiscal que plantean, cuya implementación es un hito del Plan de Recuperación.
Llueve sobre mojado con la propuesta del Libro Blanco de subir la fiscalidad de diésel y gasolina y de establecer peajes. El Gobierno también se comprometió a "la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos y de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante a más tardar el 30 de junio de 2022".
Esto debería haber entrado en el tercer pago, que se pidió en noviembre y se ha avalado en febrero y cobrado en marzo, sin que se haya hecho nada de esto. En la adenda del Plan que el Gobierno ha remitido a Bruselas este junio vuelve a incluir estos compromisos.
Sobre el impuesto de matriculación, en enero de 2022 se recuperó la subida de 2021 que el Congreso congeló en la tramitación de la Ley de Lucha contra el Fraude para el segundo semestre. Se trata de la adaptación a la normativa europea para medir el consumo y las emisiones basada en el ciclo WLTP que se traduce en un aumento de los vehículos gravados por el impuesto de matriculación y, por lo tanto, en el valor de los coches nuevos. Bruselas reclamaba una subida adicional.
Una de las medidas de más calado medioambiental y que puede generar más contestación en la calle es la subida fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina. El PSOE la prometía en su programa en 2018 y suponía el alza de 3,3 euros al mes de media que llevaba el anteproyecto de Presupuestos de 2019, pero se cayó en la negociación de enmiendas con el PNV en el otoño de 2018, mucho antes de la pandemia. En noviembre de 2021, Teresa Ribera advirtió de que se vivía un incremento "muy notable" de los precios de los combustibles fósiles en los mercados internacionales, por lo que introducir un nuevo impuesto al diésel sería "enormemente sensible", ya que "perjudicaría a los que más lo necesitan".
Además de designar a los expertos y publicar su Libro Blanco, lo único que ha hecho el Gobierno es crear los impuestos a residuos y plásticos, que estaban ya diseñados antes del Plan de Recuperación y que han entrado en vigor con retraso.
El 3 de marzo de 2022, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió el Libro Blanco de la reforma fiscal del comité de expertos, cuando Rusia acababa de invadir Ucrania, y advirtió de que no habría subidas de impuestos en el corto y medio plazo, en alusión a los impuestos verdes.
La tributación conjunta en el IRPF
El informe de los expertos que han asesorado al Ministerio de Hacienda en la reforma fiscal recupera una de las medidas más polémicas y que más quebraderos de cabeza han causado al Gobierno de Pedro Sánchez: la supresión de la tributación conjunta en el IRPF, medida que apareció en la publicación del Plan de Recuperación y que levantó gran controversia y contestación por tratarse de un beneficio fiscal de más de 1.000 millones de euros para las familias.
Y lo hizo en un momento especialmente inoportuno para el Ejecutivo: justo antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021, cuando el Gobierno puso en barbecho todos su planes de subidas de impuestos para intentar competir con Isabel Díaz Ayuso. De hecho, el Ejecutivo ocultó todos los sus compromisos de subidas de impuestos en la primera información que dio sobre el Plan, el 30 de abril, y sólo se conocieron el 5 de mayo, al día siguiente de que Díaz Ayuso ganara las elecciones.
Calviño llegó a calificar la presencia de la supresión de la tributación conjunta en el IRPF en el Plan de Recuperación de "errata" y "sorpresa" y aseguró por una parte que no había nada al respecto en la reforma fiscal y a la vez dijo que en cualquier caso era un "planteamiento poco claro".
La propuesta no aparecía entre los componentes fiscales sino en los de igualdad "para fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo", pero era clara: "Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)".
Entonces el Gobierno decía que habría que esperar a que acabaran los trabajos del comité de expertos de la reforma fiscal, y que si proponían esta medida, la contemplaría. Cabe recordar que ejecutar las propuestas de los expertos es un compromiso del Plan.
Pues bien, el Libro Blanco de los Expertos propone suprimir esta reducción de 3.400 euros en la base imponible, que beneficia a cerca de cuatro millones de contribuyentes individuales y supone un coste de 1.070 millones de euros para las arcas públicas, según el cálculo de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado. La reducción beneficia sobre todo a familias donde uno de los cónyuges no trabaja o existe una gran diferencia entre las rentas de uno y otro.
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