El Gobierno puede tardar entre hasta tres meses desde este miércoles en tomar una decisión unilateral capaz de frenar la ley de control de precios de los alquileres de vivienda aprobada en Cataluña, según explican fuentes gubernamentales a Vozpópuli.
El plazo simultanea este asunto con la negociación entre los partidos del Ejecutivo central y los catalanes para los Presupuestos Generales del Estado 2021.
El Gobierno central es el único que tiene potestad para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) capaz de frenar en seco la ley catalana, ya en vigor.
Según fuentes de mercado, los precios subieron un 60% de media en Barcelona desde 2014
La ley catalana establece distintos límites a los precios de los alquileres de vivienda, que, en zonas tensionadas, no podrán subir más de un 5% ni subir si se celebraron dentro del último lustro. En una primera fase, que durará este primer año, la ley fija como zonas tensionadas aquellas en las que el alquiler haya subido un 20% entre 2014 y 2019.
Según fuentes de mercado, los precios subieron un 60% de media en Barcelona desde 2014.
Posiciones encontradas
El Consejo Estatutario de Garantías, una suerte de 'TC catalán', ha concluido que la ley es inconstitucional porque, a su juicio, vulnera competencias del Estado y choca contra el derecho a la propiedad privada.
En el Gobierno, tal y como ha informado este medio, hay posturas encontradas frente al control de los precios. En el PSOE sigue existiendo división de opiniones respecto al control de precios como medida en general, aunque el caso catalán tiene un evidente componente político.
Según explican ahora fuentes ministeriales a este periódico, desde el momento en que la ley catalana se publica en el Boletín Oficial del Estado (lo que sucedió este martes), el Gobierno tiene tres meses para adoptar la decisión unilateral de interponer un recurso de inconstitucionalidad.
El procedimiento comienza con un primer informe del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos (PSOE), que debería expedirse en diez días. Dicho informe se envía al Ministerio de Política Territorial de Carolina Darías (PSOE), que deberá recabar las valoraciones al respecto de todos los demás ministerios.
El ministerio de Política Territorial deberá decidir en un plazo de tres meses si interpone o no un recurso ante el Tribunal Constitucional
El Ministerio de Política Territorial deberá decidir en un plazo de tres meses si interpone o no un recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que debería a su vez rubricarse en un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Pedro Sánchez.
Alternativamente, el ramo que dirige Darías podría concluir que existe la necesidad de modificar la ley pero sin recurrirla, convocando una Conferencia de Política Territorial con las autoridades catalanas para "subsanar temas de fricción" en un plazo de otros seis meses. En este último caso, la ley actual seguiría igualmente en vigor y recibiría luego las modificaciones.
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