La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que el Gobierno va a ampliar la garantía de que no se corte el suministro a todos los consumidores vulnerables, y no sólo a los vulnerables en riesgo de exclusión, durante el periodo que queda hasta que finalice el estado de alarma.
Ribera hacía esta declaraciones a los medios de comunicación este viernes, tras reunirse con organizaciones de la Plataforma del Tercer Sector, que reúne a las organizaciones más representativas del ámbito social, como Cáritas o Cruz Roja.
La ministra y vicepresidenta cuarta del Gobierno ha respondido que tienen intención de incluir esta extensión de la limitación de los cortes de suministro en el real decreto-ley antidesahucios, que podría ir al Consejo de Ministros el próximo martes.
Ha manifestado que la intención es poder incluir esa medida cuanto antes, "en ese decreto-ley o en algún otro decreto-ley, si es que hay algún otro decreto-ley y ése se retrasa", pero "cuanto antes mejor".
La ministra ha recordado que ya existen garantías para que no se pueda cortar el suministro eléctrico a determinados hogares, además de a los reconocidos como consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
Hogares con bono social
En concreto, está prohibido cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social (un descuento que se hace en la factura de la luz a los consumidores vulnerables, que practican las comercializadoras de electricidad y que tienen que solicitar los potenciales beneficiarios) donde viva al menos un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33 % o superior, o una dependiente de grado 2 o 3.
Las diferentes categorías de consumidor vulnerable y los diferentes porcentajes de bonificación se regulan en función de unos umbrales de renta, aunque en el caso de las familias numerosas (con tres hijos o más) acceden directamente al bono social sea cual sea su renta o los ingresos de la familia.
Las categorías de beneficiarios del bono social son consumidor vulnerable (que disfruta de un descuento del 25%), vulnerable severo (del 40%) o en riesgo de exclusión social (para los cuales el descuento pueda llegar hasta el total de la factura si son atendidos por los servicios sociales de comunidades autónomas).
Además, existe un bono social térmico, una ayuda directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina con independencia del combustible que utilicen, que se otorga a cualquier beneficiario del bono social eléctrico y cuya cuantía es de un mínimo de 25 euros y un máximo de 130 euros, en función de la zona en que esté la vivienda.
Estado de alarma
El Gobierno prohibió a finales de marzo los cortes de suministro básicos mientas estuviera en vigor el estado de alarma decretado el 14 de marzo para frenar la pandemia de la covid-19 y que concluyó el 21 de junio, aunque en julio el Gobierno amplió hasta el 30 de septiembre la garantía de los suministros básicos de energía y agua en la vivienda habitual.
A partir del 1 de octubre, entró en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables por la pandemia de la covid-19, contra la cual se acordó en octubre un nuevo estado de alarma que se extenderá hasta el 9 de mayo de 2021.
Con ese nuevo supuesto del bono social, se hacía frente a la dificultad de certificar la renta para solicitarlo o renovarlo (se hace cada dos años), ya que la Declaración del IRPF se hace a ejercicio vencido y no se tiene aún la de 2020, año en que la covid-19 está destruyendo empleo y actividad, por lo que se autorizó que pudiera solicitar el bono social con una declaración responsable.
En vigor hasta junio de 2021
La medida estará en vigor hasta el 30 de junio de 2021, para cuando el Gobierno dispondrá ya de los datos de la renta correspondientes a 2020 y no será necesaria la declaración responsable.
Ribera ha recordado que existen ya prohibiciones de cortes del suministro eléctrico y una aplicación de facto por parte de los ayuntamientos que impide el corte de suministro de agua a las familias vulnerables que los servicios sociales de los ayuntamientos tiene identificadas.
Por otra parte, ha indicado que el Gobierno seguirá trabajando, en "lo que ha sido una constante" del Ministerio, para poner en marcha respuestas eficaces contra la pobreza energética no sólo en el corto plazo, sino también en el medio y el largo, para lo que trabajará con ayuntamientos y comunidades autónomas.
