La búsqueda del apoyo de ERC a los Presupuestos ha logrado ampliar el objetivo del déficit de las comunidades autónomas para 2023, año electoral para la mayoría de ellas. Así lo admiten fuentes de Hacienda y así lo han blandido los de Esquerra, que se precian de haber arrancado 500 millones de euros para Cataluña. Las comunidades autónomas acuden este miércoles al primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presencial desde febrero de 2020, en el que se les va a comunicar oficialmente que su objetivo de déficit para el año que viene se eleva del 0,1% al 0,3%, dos décimas que asumirá el Estado, toda vez que el Gobierno mantiene el tope del 3,9% comprometido para el conjunto de las Administraciones.
El CPFF se celebra además este miércoles casi a la vez que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que se reanuda tras diez meses, después de que Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reunieran el pasado 15 de julio. Entre la mejora del objetivo del déficit y la activación completa de la mesa de diálogo en la que se buscan acuerdos concretos, el Gobierno espera tener el aval de ERC para las Cuentas y enterrar las desavenencias que se venían larvando desde el voto en contra de los de Esquerra a la reforma laboral. Y que alcanzaron su punto álgido con el escándalo de las escuchas de Pegasus. Una falta de armonía que fue palpable en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Otras CCAA venían demandando que el objetivo del déficit de 2023 se suavizara. Ya en 2022 estaban acusando el ajuste que ha supuesto el objetivo del déficit del 0,6% para este año, una reducción desde el 0,7% de 2021, lo que supone unos 1.200 millones de euros menos para gastar.
Son unos parámetros orientativos, claro está, con la suspensión de las reglas fiscales en vigor desde 2020, que la Comisión Europea acaba de prorrogar para 2023.
Sin embargo, en el caso de las comunidades, estos límites adquieren gran trascendencia ya que si no los cumplen, el Ministerio que dirige María Jesús Montero no les permite salir a financiarse a los mercados o en todo caso deberá autorizarles si no lo hacen.
En estos momentos, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana incumplen la referencia del déficit. En 2021 Comunidad Valenciana y Murcia superaron el objetivo.
Con esta referencia han tenido que elaborar los Presupuestos regionales de 2022. A esto se añade que las comunidades tienen este año menos dinero para gastar, en concreto, 15.737 millones de euros menos que en 2021. Todos estos factores han complicado el margen presupuestario de las regiones desde el pasado otoño y les están provocando tensiones, según han trasladado fuentes autonómicas a Vozpópuli. En 2022 no disponen ya de los fondos Covid que tuvieron en 2020 y 2021. Todo esto, en un contexto de inflación ya por encima del 10%, con las elecciones en Castilla y León y Andalucía este año, y autonómicas el 28 de mayo de 2023.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado, en julio de 2021, María Jesús Montero subrayó que las entregas a cuenta de 2022, de 112.213 millones, iban a ser históricas, que se abonaría la liquidación del IVA de 2017 a la que le ha obligado el Tribunal Supremo, por 3.100 millones, y que perdonaría las liquidaciones negativas de 2020 (se perciben con dos años de retraso), que cifró en 3.900 millones. Finalmente, teniendo en cuenta todos estos factores, en 2022 las regiones tienen 123.690 millones de euros para gastar, por 139.427 de que dispusieron en 2021, según cálculos de fuentes autonómicas, con un poder adquisitivo mucho menor del esperado por la elevada inflación.
Otras reformas
El Gobierno espera así allanar el camino para que ERC dé su aval a los Presupuestos de 2023, cuyo techo de gasto, el pistoletazo de salida de la negociación, de 198.221 millones, un 1,1% más, ha aprobado este martes.
En paralelo a las Cuentas, el Ejecutivo quiere tramitar los dos nuevos impuestos que ha anunciado, a energéticas y banca, en los que también ofrece un papel protagonista a sus socios. Prevé que el Grupo Socialista y Podemos registren esta semana una proposición de ley que ha dicho que sólo va a negociar con los grupos.
A lo que se suman otras reformas que debe ir validando en las Cortes, la mayoría, en el seno del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas, como la que pretende que los autónomos coticen según sus ingresos reales, pendiente de convalidación, y las que quedan de las pensiones, como la que proyecta elevar el cómputo del cálculo y la que plantea subir las bases máximas de cotización.
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