La Comisión Europea está presionando a los Estados miembros para que revoquen las golden visa o los programas que otorgan derechos de residencia o ciudadanía a extranjeros a cambio de inversiones, programas que tanto Bruselas como el Parlamento Europeo denuncian como un modo de "comprar" derechos como la libre circulación en la UE con fines ilícitos. De hecho, la Eurocámara vota hoy una resolución en este sentido. Sin embargo, hay dudas jurídicas sobre la capacidad real que tiene Bruselas para promover iniciativas de este tipo, ya que las cuestiones de residencia y ciudadanía son competencia de los Estados miembros.
Este cuestionamiento por parte de las autoridades comunitarias es anterior a la invasión de Ucrania, pero la guerra y las sanciones de la Comisión Europea a intereses rusos han precipitado las revocaciones. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya alertó sobre la "venta" de valores europeos en 2020, pero con la invasión de Ucrania el debate se ha vuelto más urgente. Más de 130.000 personas obtuvieron permisos de residencia o la ciudadanía de un Estado miembro a cambio de inversiones entre 2011 y 2019.
Portugal, Grecia y Malta ya han anunciado que revocan las golden visa otorgadas a ciudadanos rusos. En el caso de los demás Estados miembros con este programa, ya habían tomado iniciativas en este sentido anteriores a la invasión de Ucrania por el cuestionamiento de Bruselas, el caso de Chipre y también de Malta y Bulgaria. En este escenario, destaca España, que mantiene su programa. A diferencia del resto de países, no ha habido anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez en esta línea. Vozpópuli ha intentado recabar los planes al respecto de los Ministerios de Asuntos Económicos, Exteriores e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin éxito.
España ha otorgado cerca de 1.500 golden visa a rusos desde que se inició el programa en 2013 con la Ley de Emprendedores de Luis de Guindos, entonces ministro de Economía de Mariano Rajoy, una cifra muy superior a la de Portugal, que con un régimen fiscal mucho más atractivo en el terreno de las visas ha dado unas 430 a rusos desde 2012. De hecho, España ha concedido casi 500 golden visa a inversores rusos desde principios de 2020.
Para obtener la golden visa en España, hay que cumplir alguno de estos requisitos: la compra de bienes inmuebles en España cuya inversión sea superior a 500.000 euros, la inversión en deuda pública por valor de 2.000.000 euros y la inversión en activos mobiliarios por un valor igual o superior a 1.000.000 euros. Esto significa que los rusos con visado español han invertido un mínimo de 750 millones de euros si todo fueran sólo inmuebles y un máximo de 3.000 millones si lo hicieran sólo en deuda.
Otro de los requisitos es llevar a cabo proyectos empresariales en España que acrediten interés general.
A cambio, se obtiene el permiso de residencia, lo que permite trabajar en España durante su vigencia, circular por la zona Schengen sin necesidad de visado y la posibilidad de reunificación familiar, a lo que se suma que no es obligatorio permanecer en España para su renovación ni es necesario adquirir la residencia fiscal. A todo esto se añade que se accede a la residencia permanente y a nadie se le escapa que es un vía de acceso a la nacionalidad española.
Riesgo de blanqueo
"Las golden visa plantean riesgos serios en materia de corrupción, blanqueo, evasión fiscal... La Comisión Europea comparte plenamente la preocupación y llama a tomar medidas para abolir estos programas de ciudadanía a cambio de inversiones en todos los Estados miembros y ello lo antes posible", ha indicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en el Pleno del Parlamento Europeo.
No en vano, ha alertado la eurodiputada liberal holandesa Sophie in't Veld, un tercio de los pasaportes o visados dorados están en manos de "oligarcas rusos" que ahora pueden "esquivar" las sanciones adoptadas por la UE contra los cómplices de Putin gracias a que tienen un documento que les concede la ciudadanía o residencia en un país de la UE. Los europarlamentarios han denunciado los riesgos de seguridad que plantean, han pedido su abolición y también reglas comunes para el futuro en esta materia.
España está tramitando una Ley de Start Up que incluye más incentivos para atraer extranjeros con potencial inversor que ahora podría revisar.
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