La reforma del sistema de estiba portuaria, que permitirá su liberalización en aplicación de una sentencia de los tribunales europeos que condenaba a España por esta cuestión, depende de que el Gobierno consiga el apoyo del PSOE para que el Real Decreto Ley que el Ejecutivo tiene listo para aprobar sea refrendado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, no será una tarea sencilla. La postura de los socialistas ante esta cuestión es una incógnita debido a la peculiar transición que está viviendo la formación, administrada en la actualidad por una gestora.
Las dudas del Ejecutivo se centran en el socialista Salvador de la Encina, vicepresidente de la Comisión de Fomento en el Congreso y quien marca las directrices de su grupo en estos asuntos. Su posición en la polémica por la reforma de la estiba ha sido habitualmente favorable a la conveniencia de un acuerdo entre los sindicatos del sector y la patronal, al margen de la obligación de ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (cuyo incumplimiento acarrearía una costosa multa para el Estado). La postura de De la Encina estaría estrechamente relacionada con la vinculación de su entorno familiar a los estibadores, una cuestión que preocupa en el seno del Gobierno.
Las negociaciones del Ejecutivo con el PSOE en torno al futuro de la estiba tuvieron a Jordi Sevilla como principal interlocutor por parte de las filas socialistas. Tanto el Gobierno en funciones como agentes del sector portuario trasladaron a Sevilla la conveniencia de aprovechar la sentencia de los tribunales europeos para liberalizar un sector que permanece como una insólita especie de anacronismo.
De acuerdo con fuentes conocedoras de estas negociaciones, la postura de Sevilla se aproximaba más a las tesis gubernamentales, aunque con ciertos matices. Sin embargo, la crisis del PSOE hace que todo este proceso pueda quedar en papel mojado.
La presión de los estibadores
El Gobierno trabaja a marchas forzadas para sacar adelante el Real Decreto Ley, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque la sanción de la Comisión Europea al Reino de España por no aplicar la sentencia de los tribunales comunitarios puede llegar en cualquier momento. Y en segundo lugar, porque los representantes sindicales de los estibadores presionan cada vez más a la patronal para lograr un acuerdo que obstaculice la aprobación de la nueva normativa.
De hecho, el Ejecutivo tuvo que moverse con rapidez a finales de la semana pasada para lograr atar los principales puntos de la reforma de la estiba con la patronal. Para la presente semana estaba prevista una asamblea de ésta en la que se iba a debatir la conveniencia de llegar a un pacto con los sindicatos, especialmente el mayoritario Coordinadora de Trabajadores del Mar.
Ante la inminente aplicación de la sentencia europea, los estibadores habían empezado a movilizarse de forma silenciosa en los puertos, provocando retrasos en las operaciones y generando situaciones de caos, como las generadas la pasada semana en el puerto de Valencia, uno de los de mayor tráfico de España. Ante estas actuaciones, las dudas se extendieron por buena parte de las empresas de estiba.
Aprobación inminente
El sector portuario ha trasladado al Gobierno la necesidad de aprobar cuanto antes la reforma para evitar que la presión de los estibadores la ahogue. De hecho, no se descarta que la medida pueda salir adelante en el próximo consejo de ministros. Sin embargo, su ratificación en el Congreso será otra historia que puede alimentar aún más la polémica acerca de la reforma de la estiba.
Por el momento, el Gobierno tiene asegurados los apoyos de Ciudadanos y también del PNV. Pero la aritmética parlamentaria los hace insuficientes. Como en muchos casos desde que se inició la presente legislatura, el PSOE tiene la llave para que la medida salga adelante.
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