Los precios de la electricidad caminan directamente hacia sus máximos de las últimas dos décadas, lo que motivó que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, solicitara comparecer en la Comisión del Congreso que aborda esta área para informar sobre las medidas que abordará el Gobierno para tratar de paliar una situación que parece incontrolable. Todo apunta a que, como una primera medida de choque, el Ejecutivo podría poner las primeras bases de una nueva reforma del bono social que, al menos, pueda paliar el efecto de las fuertes alzas del mercado en el recibo de los colectivos desfavorecidos.
El sector eléctrico aguarda la cita con expectación aunque, al mismo tiempo, con escepticismo sobre la existencia de medidas concretas que puedan frenar la escalada alcista, entre cuyas causas destaca el notable incremento de los precios de derechos de emisión de CO2, que se han cuadruplicado en apenas doce meses.
El anterior Ejecutivo trabajó en un nuevo modelo de bono social después de que los tribunales dieran la razón a las eléctricas por los numerosos que habían presentado contra el vigente hasta el momento. Ese nuevo sistema, más basado en la renta de los consumidores, estaba generando múltiples discrepancias, sobre todo a la hora de valorar los pasos necesarios para tramitarlo, que habían llevado a un buen número de beneficiarios a renunciar a él.
La reforma del bono social se trata de una medida a corto plazo, que puede hacer que el Gobierno pare en un primer momento el choque que supone un mercado desbocado con elementos que, aparentemente, están fuera de su control.
La espiral alcista del mercado mayorista ha vuelto a poner en tela de juicio el sistema de fijación de precios, compartido por la mayoría de estados miembros de la Unión Europea, por lo que su posible modificación no parece ser una tarea sencilla.
A vueltas con los peajes
Una alternativa, especialmente defendida por las eléctricas, contempla sacar del recibo los aspectos que no están relacionados estrictamente con el mercado, como son los peajes, los costes de las extrapeninsulares y los del déficit de tarifa. Una medida que también se recogía en el trabajo realizado por la comisión de expertos que designó el anterior Gobierno para fijar las bases de la transición energética.
Los Ejecutivos han sido reacios a esta vieja reivindicación de la industria toda vez que supone una carga extra en los Presupuestos Generales del Estado, al igual que el bono social, cuyo coste el sector también considera que debería ser financiado por las arcas públicas.
Desde su llegada al Gobierno, la ministra Ribera se ha pronunciado a favor de la eliminación progresiva de las centrales de generación térmica y también de las nucleares al final de su vida útil para que las renovables tomen su relevo. Sin embargo, la evolución de los precios de la electricidad está, en parte, ligado a la menor generación a partir de estas fuentes debido a la ausencia de lluvia y viento en los últimos meses.
Tregua de los precios
Entre las alternativas para asegurar el suministro, la nuclear es considerablemente más barata, mientras que la térmica y los ciclos combinados contribuyen a la subida de los precios debido a la citada evolución de los derechos de emisión y de materias primas como el petróleo y el gas natural. Esta circunstancia hace pensar en un horizonte incierto sin nucleares como tecnología de respaldo.
Al menos, el mercado le dará un cierto respiro a Ribera para su comparecencia. Un más que sorprendente desplome del precio de los derechos de emisión de CO2 en los últimos días ha provocado una cierta moderación de los precios mayoristas. Mientras, los futuros están experimentando descensos también considerables, señal de que las cifras para esta semana serán algo menos escandalosas, sin continuos récords del año como durante la pasada.
