El Gobierno ha subrayado que el Estado corre con 6.000 millones de euros del Plan de Choque contra la guerra que ha aprobado, que se financiarán a cargo de los Presupuestos, frente a los otros 10.000 millones que se movilizan, que cargará a la banca. Sin embargo, de estos 6.000 millones, al menos cerca de 500 se van a financiar con fondos de la UE, según concretaron ayer fuentes del Ministerio para Asuntos Económicos. Se trata de las ayudas directas que se van a otorgar a la agricultura, pesca y ganadería, sectores afectados por la crisis que ha causado la invasión de Ucrania, a las que podrán acogerse entre 1 de abril y 30 de junio.
Estos fondos, que se perfilan de tipo Feder y PAC, sufragarán partidas que suman 193,47 millones de euros para el sector agrario y ganadero. El sector productor de leche percibirá un total de 169 millones de euros y la pesca extractiva y acuícola contará con unas ayudas de 68,18 millones de euros. Un total de 430 millones de euros. Las ayudas al sector ganadero se darán en función de las cabezas de ganado, con un máximo de 35.000 euros, y de hasta 400.000 euros para el resto de empresas.
En lo que respecta a la pesca, habrá ayudas de 1.050 euros por buque y de hasta 35.000 euros. Y se repartirán 30 millones para compensar los costes de producción de la pesca y 20 millones para la acuicultura.
Estas ayudas se acompañan de un aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social por tres meses, cuyo efecto en las finanzas públicas desde Economía advierten de que será moderado porque se redestribuyen a lo largo del ejercicio.
Todo esto debe hacerse de acuerdo con el marco comunitario de ayudas de Estado. Algunas de las ayudas ya cuentan con el aval de la UE pero otras, no, y así irá especificado en el Real Decreto-ley. Este marco y el que se financien a cargo de fondos UE supone además una condicionalidad, por lo que tiene que haber una negociación previa con la Comisión Europea.
El que estas ayudas se sufraguen a cargo de fondos UE implica además que los proyectos deberán elegibles, es decir, deberán seguir todo el reglamento y condicionalidad de cada uno de ellos. A esto se añade que el Real Decreto-ley va a modificar algunos aspectos del Plan de Recuperación.
A estas ayudas directas se suman las que se van a dar al transporte, de 460 millones según el tipo de vehículo, y de 650 millones para sufragar 20 céntimos por litro el gasóleo profesional, de los que el Estado correrá con 15 céntimos y las petroleras, con cinco. Asimismo, se va a bonificar con las mismas ratios el carburante a todos los consumidores, lo que costará 1.275 millones. Estas partidas se financiarán en principio a cargo de deuda.
El plan de ciberseguridad dotado con más de 1.000 millones que se ha anunciado también dentro de los 6.000 millones que pone el Estado podría incorporar proyectos ya contemplados en el Plan de Recuperación.
Las empresas que reciban estas ayudas no podrán realizar despidos objetivos por causa del alza de los precios de la energía -aunque sí por otras relacionadas con la guerra, como la falta de suministros- y si entran en ERTE por causas relacionadas con la guerra, no podrá despedir en seis meses, a menos que devuelvan las ayudas y las exoneraciones de cotizaciones sociales, respectivamente.
El fiasco de las ayudas a pymes
La aprobación de un plan de ayudas directas remite en la memoria reciente al fiasco reciente de las ayudas directas a pymes y autónomos que se aprobaron hace justo un año, a principios de abril de 2021, y que se decidió que gestionaran las comunidades autónomas. De los 7.000 millones que se pusieron encima de la mesa, 2.500 millones quedaron sin gastar y no han llegado en algunas regiones ni al 70% de los afectados por lo complejo de los requisitos, los retrasos y las dificultades en la gestión que se han encontrado las comunidades. Desde Economía apuntaron ayer a que se relejarían los requisitos de los avales del ICO y se infiere también que los de estas ayudas, pero los detalles que se han concretado recuerdan a los de abril de 2021.
La gestión corresponderá a la Agencia Tributaria, salvo en algunas ayudas que canalizará el Ministerio de Agricultura, y las empresas deberán acreditar una serie de requisitos y su pertenencia a un CNAE (la lista de Clasificación Nacional de Actividades Económicas) o sector concreto. En las exigencias que se establezcan estará la clave. Las ayudas se otorgarán por orden de petición y hasta que se agote el presupuesto, lo que en ocasiones no se cubre.
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